Hace meses el Departamento de Salud dio por “reconducida” la crisis de las vacunas caducadas, tras depurar los casos potencialmente afectados y reducir significativamente el número de personas que requerían revacunación. Ahora, la Fiscalía del País Vasco ha archivado las diligencias de investigación abiertas por la administración de 274 dosis caducadas al considerar que no ha quedado acreditado que los sueros causaran un “resultado lesivo” en quienes los recibieron. A su entender, sí se dio una “situación de riesgo” al carecer los pacientes –la mayoría bebés– “del efecto de protección” que dispensan los sueros, pero considera “discutible” que ello pueda “traspasar la barrera penal”.
El Ministerio Fiscal entiende que no ha quedado acreditado “de forma suficiente” una reacción lesiva, hecho que sí se encuadraría dentro de los delitos contra la salud pública (artículo 361 del Código Penal). Osakide-tza administró durante el pasado año 274 dosis caducadas de 21 tipos de vacunas en centros pertenecientes a las trece Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) de Euskadi. A esa cifra, recogida en una respuesta parlamentaria del Departamento de Salud a EH Bildu, se sumarían otros 7 sueros caducados que se inocularon en 2024 y otros 86 en 2023. Tras conocerse los hechos, la asociación El Defensor del Paciente presentó el pasado mes de enero un escrito en la Fiscalía ante lo que consideraba una “negligencia grave de naturaleza penal”. A su juicio, lo que sucedió no podía calificarse de error “sino negligencia y/o falta de cuidado”.
Sin embargo, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha acordado el archivo de las diligencias investigación –sin posibilidad de recurso– en un escrito firmado el pasado 21 de mayo. En el documento, si advierte por contra que en la documentación trasladada desde Osakidetza con relación a las vacunas suministradas –tipo, laboratorio, fecha de caducidad– “algunas de las comunicaciones son incompletas o aparecen con medio folio en blanco rompiendo la trazabilidad de los correos”.
Comité de investigación
Antes del archivo de la denuncia, el Departamento de Salud activó un comité específico de investigación y trazabilidad que se encargó de analizar el circuito completo de gestión de las vacunas. Además, se ordenó revisar unas 170.000 dosis administradas en 2025 para descartar nuevos errores y se contactó con las personas potencialmente afectadas, con protocolos de seguimiento y revacunación en los casos necesarios. El informe interno apuntaba a una combinación de factores como el exceso de stock, la llegada de lotes con menor vida útil de la habitual y la existencia de sistemas de registro no completamente integrados en algunos centros. Estas circunstancias habrían facilitado que algunas dosis próximas a su caducidad —o ya vencidas— fueran administradas de forma accidental.
Además, el Departamento de Salud ha impulsado una batería de cambios centrados en mejorar la trazabilidad, la coordinación entre centros y la prevención de errores en la cadena de suministro. Entre las principales novedades destaca la implantación de un sistema de trazabilidad más centralizado, que permite seguir cada lote de vacunas desde su recepción hasta su administración en los centros sanitarios. Este control se completa con la incorporación de alertas automáticas de caducidad, que avisan cuando un lote está próximo a vencer y bloquean su uso una vez superada la fecha. Además, se ha procedido a la unificación de los registros digitales entre las distintas OSI, con el objetivo de evitar desajustes entre inventarios y bases de datos, uno de los problemas detectados en la investigación interna. El nuevo modelo incorpora también la aplicación estricta del sistema de rotación de stock FEFO, para garantizar que se utilizan antes las dosis con fecha de caducidad más próxima. El plan se completa con el refuerzo de la formación del personal sanitario, especialmente en los servicios de enfermería y gestión de vacunas, así como con auditorías internas periódicas.
