La consejera Begoña Pedrosa dice que queda “muchísimo trabajo por delante”
La titular de la cartera de Educación subraya que las medidas adoptadas para luchar contra los guetos ya han provocado “cambios positivos”
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha asegurado que las medidas aplicadas para atajar la segregación escolar arroja “cambios en positivo” en determinadas zonas, pero ha advertido de que queda “muchísimo trabajo por delante” todavía. El diagnóstico del Pacto antisegregación desvela que Euskadi ha avanzado en la lucha contra este problema, especialmente en la distribución del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) – donde la segregación es baja (por debajo de 0,2)– pero persisten retos significativos en la segregación socioeconómica y por origen extranjero, particularmente en municipios como Bilbao, Gasteiz y Getxo. En concreto, las medidas implementadas desde el curso 2022-2023, como el ajuste de matrícula y los índices de vulnerabilidad, han reducido la segregación un 5%.
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Pedrosa hizo esta reflexión tras la segunda reunión de la mesa contra la segregación, foro en el se encuentran los partidos, Eudel, Biltzen, el Consejo Escolar de Euskadi, la Inspección de Educación, el ISEI-IVEI, asociaciones de familias y alumnado (como EHIGE, FAPAE, Apnabi), organizaciones especializadas en inclusión y derechos educativos (como UNICEF, Save the Children, Plena Inclusión, Eusko Ikaskuntza) y las universidades EHU, Deusto, Mondragon Unibertsitatea y BAM, además de las patronales de la concertada y sindicatos de la pública, menos ELA que se ha autoexcluido.
El proceso del Pacto contra la Segregación Escolar, que Educación ha rebautizado bajo el epígrafe Eskola Bikaina Denontzat, continuará desarrollándose a lo largo de todo el curso, en tres fases sucesivas: diagnóstico, definición de la visión, la misión, los valores y los principios compartidos, y concreción de ámbitos de actuación y medidas. El documento final verá la luz a finales de mayo. En la próxima reunión, la mesa tratará de definir los principios que guíen los proyectos que puedan ponerse en marcha.
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La consejera reconoció que las medidas desarrolladas han logrado “cambios en positivo” aunque dijo que sus resultados podrán verse a “largo plazo” y que además no son suficientes y deberán completarse con las que salgan de este foro. “Estos cambios nos dicen que si hubiésemos mirado para otro lado la situación hubiese ido a peor”, indicó la consejera, quien subrayó que la meta pasa por consolidar “una escuela que va a hacer que la diversidad sea una fortaleza y una oportunidad con el bienestar y el éxito del alumnado en el centro”.
Insistió en que para “fortalecer” la educación es preciso “escuchar y buscar puntos de encuentro” para que de este proceso “plural y exigente” salga un “mínimo común denominador para construir la escuela vasca del futuro”. En este sentido, “tomar decisiones es más urgente que nunca. Hacer una reflexión con todo el sistema y con todos los participantes es más importante que nunca”, indicó la consejera, quien apuntó que espera “diálogo, cooperación y participación”.
Amago del primer descuelgue
Al término de la reunión, el sindicato LAB se desmarcó del diagnóstico y anunció que reflexionará sobre su participación en este foro, dado que se trata de un órgano “que no tiene reglas” y que el Gobierno vasco “amolda a la carta y según sus intereses”. LAB explicó que a pesar de que el diagnóstico “pone en valor” las medidas adoptadas hasta ahora para hacer frente a este problema, los pasos dados siguen siendo “insuficientes”. Además, denunció que sigue habiendo casos en los que “se impulsan políticas educativas que posibilitan y profundizan en la segregación escolar”, como las cuotas solicitadas en determinados centros de Kristau Eskola hace dos semanas, que dejaron fuera de la matriculación ordinaria en Gasteiz a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por ese motivo, consideró que el diagnóstico debería incluir cuestiones como el cobro de las cuotas legalmente prohibidas por parte de determinados centros concertados, con el fin de realizar una auditoría de tales cobros y planificar su prohibición. A su vez, estima necesaria una nueva planificación escolar ante la situación de “sobreoferta” de plazas, en la que de forma generalizada “se ponga en el centro la red pública de modelo D” y permita la toma de decisiones locales de forma descentralizada. Por otra parte, considera que el diagnóstico debería contemplar la necesidad de realizar “un desequilibrio positivo a favor de la red pública como eje vertebrador del sistema educativo y la necesidad de planificarlo”.