El curso 2025-2026 está llamado a convertirse en el ejercicio que vea la luz el Pacto Social contra la Segregación escolar. Tras dos años de retraso sobre el plazo previsto en el calendario de desarrollo del Pacto Educativo del 7 de abril de 2022, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, convocará la mesa de diálogo con los principales agentes del sector en el “cuarto trimestre del presente año”. Según el Informe PISA 2022, Euskadi es la comunidad autónoma que más segrega al alumnado en función de su origen. Este problema lleva instalado en el debate académico y político desde hace más de una década, coincidiendo con el boom de migrantes que llegaron a Euskadi en busca de un futuro mejor. Un boom que, de forma colateral, ha dado un balón de oxígeno a un país amenazado por la crisis de natalidad. Como consecuencia, la presencia de estudiantes de origen extranjero se ha disparado un 120% en las aulas vascas la última década: de 19.418 alumnos en 2015 a 42.677, según el último balance oficial. Este fenómeno, en sí, aporta multiculturalidad a la escuela vasca.
Es un hecho que la multiculturalidad viene acompañada de las tensiones lógicas de enseñar y socializar en euskera a menores que no conocen la lengua vasca y, en ocasiones, tampoco tienen nociones de castellano. Además, por lo general, este colectivo proviene de un nivel socioeconómico y cultural (ISEC) bajo. Es decir, vive en familias y entornos vulnerables. Este es, sin duda, un gran desafío al que debe hacer frente toda la comunidad educativa con el apoyo de la Administración, de las administraciones, desde el Gobierno vasco hasta los ayuntamientos.
El problema es la segregación. Pero, ¿qué es la segregación escolar?, ¿qué consecuencias tiene? La Inteligencia Artificial (IA) dice que la segregación escolar es “la distribución desigual de los estudiantes en los centros educativos en función de sus características sociales, económicas, culturales o de cualquier otro tipo, como el origen étnico o la capacidad”. Esto, añade la IA, genera “una concentración de alumnos con perfiles similares en determinadas escuelas, creando centros más homogéneos y otros más vulnerables, lo cual puede afectar negativamente la calidad y la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes”. Dicho en plata, se generan guetos. Guetos con un doble sentido: centros con muchos escolares vulnerables y centros con mucho estudiante autóctono de clase media y media-alta.
Gueto es una palabra que a la Administración vasca le pone los pelos de punta, pero que la literatura científica define como una concentración de más de un 30% de estudiantes vulnerables en un centro escolar, algo que el exconsejero de Educación, Tontxu Campos (EA), llamó por su nombre y se comprometió a eliminar allá por el año 2010. Luego ocuparon la cartera de Educación Isabel Celaá (PSE), Cristina Uriarte (independiente), Jokin Bildarratz (PNV) hasta llegar a Begoña Pedrosa (independiente). El curso 2022-2023, último del que hay datos oficiales de la mano del Consejo Escolar de Euskadi, el 65,9% del alumnado extranjero estudiaba en la red pública y el 33,9% en la red concertada cuando cada una de las redes escolariza a la mitad del alumnado. Este desequilibrio apenas ha variado desde la época de Campos. Punto arriba, punto abajo.
Complejidad educativa
Además del origen, la vulnerabilidad viene determinada por la economía familiar (ISEC). En este capítulo, el desequilibrio entre red pública y concertada es igualmente notable. El Gobierno vasco comenzó a emplear hace unos años el Índice de Complejidad Educativa (ICE) con el fin de conocer aquellos centros que trabajan en condiciones de mayor dificultad, definir con más detalle sus necesidades y, de este modo, poder ajustar los recursos que se les ofrece. Este índice divide a los centros educativos en cinco categorías según su nivel de complejidad.
De acuerdo con el diagnóstico de situación sobre la infancia y adolescencia vasca que publicó el pasado mes de abril el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, un total de 69 centros concertados y 254 centros públicos presentan un grado de complejidad, al menos, “medio-alto”. Representan el 17% de los centros privados y el 54% de los centros públicos. En estos centros, el nivel de ISEC es menor que el de la media de todos los centros, el porcentaje de repetición, de becas, de alumnado de origen extranjero y de alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE) más alto que la media; y el porcentaje de continuidad en el centro más bajo.
Matrícula viva
Por otro lado, el sistema educativo escolarizó el curso pasado 45 migrantes al día fuera del plazo ordinario hasta alcanzar los 8.000 en junio, en lo que se conoce como matrícula viva, y que cada año es más numerosa. Hasta la fecha, el Departamento de Educación nunca ha informado dónde matriculan a estos estudiantes las Comisiones de Escolarización de cada Territorio, si en la red pública, en centros de Kristau Eskola o de Ikastolen Elkartea, aunque todas las partes achacan “falta de transparencia” al proceso.
Sea como fuere, lo cierto es que cada vez hay más diversidad en las aulas vascas. La buena noticia es que el Gobierno vasco ha reconocido explícitamente la existencia del desequilibrio en la acogida de este alumnado entre la red pública y concertada. Y lo que es más positivo aún, lleva unos años tomando cartas en el asunto para intentar reequilibrar este reparto desigual “en favor de una mejor cohesión social”. Todo, a la espera de tejer el Pacto Social contra la Segregación, una de las columnas vertebrales del Pacto de Educación de abril de 2022 en el que se basó la Ley de Educación.
Medidas adoptadas
El Departamento de Educación aprobó en 2023 un nuevo proceso de matriculación que persigue lograr una escolarización más equilibrada. La idea es que los centros sostenidos con fondos públicos –concertados y públicos– matriculen en el plazo de tres años el porcentaje de estudiantes vulnerables correspondiente a su zona de influencia. Por ejemplo, si este año en zona escolar Bilbao: Otxarkoaga-Txurdinaga-Santutxu-Begoña (Bizkaia) hay un 36,8% de vulnerabilidad, todos los centros deben llegar a matricular ese porcentaje de alumnado vulnerable. Para ello, y tomando como referencia el índice de vulnerabilidad –creado al efecto– de cada área de influencia y de cada uno de los centros escolares, Educación reserva en cada colegio un porcentaje de las plazas disponibles.
Se inició el proceso en las aulas de 2 años y progresivamente se ha ido incidiendo en un curso superior hasta completar toda la etapa educativa. Tal y como avanzó ayer este periódico, desde la implantación del nuevo proceso de admisión, el índice de vulnerabilidad ha logrado avances en algunas áreas, pero persisten desafíos significativos en otras, especialmente en zonas con mayor densidad de población o vulnerabilidades estructurales. Sobre todo, en zonas urbanas y semiurbanas de Bizkaia y Gipuzkoa.
Previamente, Educación presentó en el Parlamento Vasco el Diagnóstico sobre segregación socioespacial en la educación de Euskadi, encargado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que revela desigualdades en las oportunidades educativas y la configuración geográfica de la segregación escolar. Antes organizó unas jornadas con más de 100 miembros la comunidad educativa para analizar esta cuestión bajo el auspicio de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. También definió 43 medidas concretas dentro Pacto Educativo suscrito por el 90% del arco parlamentario y hubo una la ponencia con especialistas en la materia que identificaron acciones concretas recogidas en el proyecto de la Ley de Educación.
Obstáculos
Este intento por acabar con la segregación no está siendo un camino expedito. A finales 2004 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló por defecto de forma el decreto de Planificación de los centros y la distribución del alumnado vulnerable, que es el plan maestro por el que la Administración organizará la oferta de plazas que a día de hoy solo depende de las solicitudes de los centros. Además, están surgiendo voces contrarias dentro y fuera de la comunidad educativa sobre la eficacia formula del Índice de Vulnerabilidad. Para el cálculo de este índice se utiliza un cuestionario que se realiza a las familias en el que se recogen preguntas sobre diferentes aspectos: titulaciones académicas, profesiones, libros de lectura, conexión a internet, libros de consulta, literatura clásica, prensa diaria y revistas especializadas (en papel o por Internet), televisión de pago, ordenadores, e-books, tablets, smartphones, automóviles, cuartos de baño, dormitorios, etc.
Según el Instituto Vasco de Investigación e Innovación Educativa (ISEI-IVEI) “cada uno de los elementos ofrece poca información de manera aislada, pero en su conjunto generan una información robusta y estable”. Cada de estas variables tienen un peso diferente. Estudios valen el 23,7%; posesiones de la familia el 20,3%,; libros en el hogar, el 19,3%; bienes económicos y culturales, el 18,6%; y trabajo, el 18%. Varios partidos y colectivos como la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) sostienen que no se puede comprobar la veracidad de esta encuesta y que no es tan objetiva para medir el ISEC de un alumno como lo puede ser la renta familiar.
Por su parte, el ISEI-IVEI defiende que para el calculo de este índice “se aprovecha la larga experiencia que se tiene en el estudio de la situación socioeconómica de las familias, mediante el cálculo del índice socioeconómico y cultural (ISEC), que cuenta con unas características muy similares en diferentes países y evaluaciones internacionales, además de nuestras evaluaciones de diagnóstico realizadas desde 2009”. Este índice, sostiene, “ha mostrado gran estabilidad a lo largo del tiempo, incluso con las adecuaciones realizadas en el cuestionario de referencia”. El siguiente gran hito para combatir este problema será la convocatoria de la mesa del Pacto Social contra la Segregación escolar. Según la consejera de Educación se llevará a cabo el “cuarto cuatrimestre del presente año” y en este foro se “espera contar con una amplia representación de todos los sectores implicados en la comunidad educativa”.