Delegado de la Asociación Clara Campoamor en Galicia, el abogado penalista Ricardo Pérez Lama ha ejercido la defensa en múltiples casos de asesinato de víctimas menores de edad, entre ellas, Asunta Basterra, cuyo nombre regresa a la actualidad tras estrenarse recientemente una serie sobre su muerte en una plataforma de streaming.
¿Qué reflexión le suscita, como abogado que ejerció la acusación popular en el caso Asunta, la petición de la madre de Gabriel Cruz para que no se rueden audiovisuales sobre su asesinato?
Siento un profundo respeto por el llamamiento efectuado por la madre de Gabriel porque entiende, y la comprendo, que este tipo de producciones utilizan y se benefician económicamente de la muerte de un menor de edad y eso es una evidencia incontestable.
¿Es legal realizar un documental o rodar una serie sobre un crimen cuya víctima es un menor de edad sin el consentimiento de la familia? ¿Lo considera ético?
La pregunta tiene mucha enjundia, pero, siendo breve, significo que no existe impedimento legal para que los familiares del menor puedan acudir a los tribunales. En todo caso, doña Patricia Ramírez plantea una cuestión muy interesante, que es que debería de ponerse en marcha una Ley que prohíba utilizar y beneficiarse de la imagen de estos menores. Lo que tienen que hacer estas producciones es anteponer la decencia y profesionalidad frente a intereses particulares o económicos.
¿Ha tenido ocasión de ver la serie sobre el caso Asunta? Si es así, ¿qué opinión le merece?
Obviamente se trata de una ficción, pero sí quiero hacer una breve reflexión al respecto. Soy un defensor de los tribunales del jurado, habida cuenta de que los miembros que los componen son personas que se toman muy en serio su labor, porque son plenamente conscientes de las consecuencias de su decisión. Y en el caso Asunta los jurados fueron rigurosos y emitieron un veredicto claro y contundente fundamentado en pruebas practicadas en el juicio oral, las cuales enunciaron exhaustivamente a la hora de acreditar cada uno de los hechos juzgados. Por tanto, que le quede claro a la ciudadanía que los jurados nunca tomaron en consideración diligencias declaradas ilegales para emitir su veredicto. Todo lo contrario y buena prueba de ello es que se vieron avalados y respaldados por el Tribunal Supremo.
¿Qué le parecen las hipótesis que deja abiertas la serie: que la madre le diera pastillas y luego la asfixiara, que le quitaran la vida entre los dos progenitores...? ¿Por cuál se decanta usted?
Los tribunales de justicia han hablado y me remito a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que técnicamente es impecable y explica claramente y sin ambages los hechos que se juzgaron y condenaron.
“Debería de ponerse en marcha una Ley que prohíba utilizar y beneficiarse de la imagen de estos menores”
¿Todo vale en pos del derecho a la información y el entretenimiento? ¿Dónde deben estar, a su juicio, los límites?
No todo vale y los límites los impone la Ley y los declaran los tribunales y más en el caso de los menores que son víctimas de los delitos violentos.
El crimen de la guarda urbana, el caso Asunta, el rey del cachopo... ¿Ficcionar los crímenes tiene sus riesgos: que se repliquen, que la sociedad los vea sin inmutarse como si fueran una película...?
Es evidente que eso puede suceder, sobre todo cuando se emiten imágenes reales acontecidas en la instrucción o en el juicio oral fusionadas acto seguido con otras de ficción, como sucede en las denominadas docuseries.
