El Consejo de Ministros anunció ayer martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones económicas a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo en su informe sobre las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó los detalles del plan de reparación y confió en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste
Un plan que parece no contentar a nadie. Por un lado, a las propias víctimas que, en palabras de Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat “diez años después de que los españoles rescataran a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos”, apuntó. En su opinión, el plan del Ejecutivo español es “descafeinado”, con “graves lagunas” y que “beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente”.
Menos crítico fue el miembro fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, que confió en que “la tolerancia hacia el Papa Francisco y la política que quiere iniciar el arzobispo de Madrid (José Cobo) y parte de otros obispos tenga mayor peso y que la Iglesia haga los deberes que no ha hecho de forma urgente, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que están sufriendo. Ya es hora de que se plieguen y hagan lo que tienen que hacer que es atender a sus víctimas”.
Los obispos en contra
El plan anunciado ayer por el ministro Félix Bolaños tampoco convence ni mucho menos a los obispos. La Conferencia Episcopal Española (CEE) a través de José Cobo respondió que la Iglesia “no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”.
“El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”, denunció la CEE en un comunicado. Los obispos critican que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan del Gobierno aborda únicamente una parte del problema. “Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones”.
Por tanto, la CEE advierte de que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas (aquellas que han tenido lugar fuera del ámbito eclesial). “La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, subraya.
La propuesta del Gobierno español contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.
“Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales”, aseguró Bolaños.
Asimismo, el Ejecutivo español tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y con sus familiares. “Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos”, apuntó.
En todo caso, reconoció que esa reparación simbólica “por sí misma no basta”, por lo que irá acompañada con una reparación material “adecuada” y “suficiente” en términos económicos para las víctimas de los abusos.
Así, indicó que, con ese fin, se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no existen pruebas. “Adoptaremos medidas para por ejemplo ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban”, aseguró Félix Bolaños.
El ministro de Presidencia y Justicia también expuso que el Gobierno español quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en el Estado.
No obstante, es muy difícil saber cuántos casos hayan prescrito o no hayan podido ser juzgados ante la falta de registros. De hecho, no hay ni cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia a pesar de la investigación llevada a cabo durante año y medio por el Defensor del Pueblo, que concluyó en un informe con testimonios de 487 afectados.
El informe de Gabilondo hablaba que más de 445.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes. El informe encargado por los obispos hablaba de un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.
El apunte
Registro de delincuentes sexuales. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales creado en 2016 para garantizar su actualización tras haber detectado casos de delitos de índole sexual con fecha posterior a la petición del certificado. ONG, empresas, instituciones o colegios profesionales que trabajen con menores podrán, a partir de ahora, solicitarlo directamente con consentimiento del trabajador. El registro incluirá a partir de ahora delitos de trata.
