La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Ana María Iguácel, ha acordado una nueva fecha, el 15 de septiembre, para la declaración de Julio Pacheco, el hombre que presentó a principios de año una querella por las torturas que sufrió tras ser detenido en 1975 por miembros de la Brigada Político-Social entre los que se encontraba supuestamente el comisario José Manuel Villarejo.
Según informa CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) en una nota de prensa recogida por Europa Press, esta nueva fecha para tomar declaración tanto a Pacheco como a su pareja Rosa María García Alcón en calidad de testigo, llega después de que el pasado mes de julio se suspendiera su comparecencia por, según explicó Jacinto Lara -el abogado de Pacheco-, un cambio de instructor en la causa.
Nueva citación
Ya entonces, el letrado advirtió ante los medios de que la suspensión de la comparecencia a última hora le "sonaba mal" porque podía tratarse de "la aplicación directa de las políticas de impunidad del Estado español en relación a la falta de investigación de crímenes franquistas".
Ahora, y tras recibir la nueva providencia que marca la nueva fecha, las entidades memorialistas que impulsan este u otros casos similares esperan que "no se obstaculice" nuevamente la tramitación de la causa dada la trascendencia de la misma "en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo", máxime cuando llevan "100 querellas presentadas".
Primera declaración en un contexto de crímenes contra la humanidad
En la nota, CEAQUA recuerda que la suspensión de julio "sin previo aviso" la realizó el juez de refuerzo de ese juzgado, Fernando Muñoz Leal, quien, añade, "ofreció como única explicación que debía reexaminar la causa". Por eso, y con la providencia de la titular del juzgado sobre la mesa, esperan que en esta ocasión "se tome finalmente declaración tanto al querellante como a la testigo y continúe la tramitación de la causa". Advierten de que "sería la primera vez que en el marco de un proceso penal se toma declaración a un querellante que ha denunciado un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad".
Además, apuntan que el hecho de que se haya fijado nueva fecha para esa declaración pone de relieve "la irregularidad manifiesta que supuso su anterior suspensión" por parte del juez de refuerzo, e indican que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de España, de fecha 27 de julio de 2023, considera que la actual Ley de Memoria Democrática no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España.
CEAQUA abunda en que la ONU ha instado a España a adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias "para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción, y que esta prohibición se cumpla escrupulosamente en la práctica", y añade que entre las medidas a adoptar el Comité apunta expresamente la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
Al hilo, desde esa entidad destacan que la jueza, con la admisión a trámite de la querella de Pacheco, "cumple con las observaciones emitidas reiteradamente por diferentes Comités de Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura. Y afean a España que no impulse investigaciones judiciales de este calado mientras otros países como Chile sí se den sentencias relevantes como la del asesinato de Victor Jara en 1973.
La admisión de mayo
Cabe recordar que fue en mayo de este año cuando se conoció que un juzgado madrileño había admitido a trámite esa querella formulada por un represaliado del franquismo contra los cuatro miembros de la Brigada Política-Social a los que acusa de torturarle en agosto de 1975.
Ésta era una de las cuatro querellas que se anunciaron en febrero de 2023 contra una treintena de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por delitos que van desde la lesa humanidad al asesinato y la tortura de represaliados por la dictadura franquista.
En este caso, la querella presentada por Julio Pacheco fue admitida por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, cuya titular es la magistrada Ana María Iguácel, con fecha 12 de mayo de 2023. Y en el auto de admisión ya acordaba tomar declaración tanto al querellante como a una testigo, Rosa María García Alcón.
La magistrada acordó además oficiar al Archivo Histórico Nacional para que enviara al juzgado los antecedentes documentales del caso denunciado y a la Dirección General de la Policía para que remitiera el expediente policial completo del denunciante y los datos de filiación de los cuatro policías denunciados: Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz, José María González Reglero y José Manuel Villarejo.
El caso de Pacheco
Según explicaron en rueda de prensa representantes de CEAQUA en febrero, en la querella de Julio Pacheco se recogen las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad, en la Brigada Político-Social, situada en la Puerta del Sol, en agosto de 1975.
Pacheco, en su testimonio reflejado en la querella recuerda que le detuvieron en su piso de Lavapiés cuando tenía 19 años, militaba en el PCE y era miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
Su detención, explicaba, se debió a un atentado que se había producido días antes contra un teniente. Él fue conducido a dependencias policiales donde permaneció siete días en los que, denuncia, sufrió torturas durante el interrogatorio. "Querían que me autoinculpara y que dijera que había estado en el comando, me acusaron de terrorismo y luego en noviembre me pasaron al Tribunal de Orden Público", indicaba.
