La tramitación de la Ley vasca de Educación va quemando etapas. Ya cuenta con el aval del Consejo Escolar de Euskadi, órgano consultivo del Gobierno vasco en la elaboración de las normativas, y máximo aparato de participación de los sectores sociales implicados en la programación de la enseñanza. El pasado lunes 24, el pleno de Consejo aprobó “por mayoría” el dictamen preceptivo del borrador de la ley que “valora positivamente” la propuesta elaborada por el Departamento de Educación motivada por “los cambios experimentados en la sociedad y por el ritmo que van tomando y la necesidad de adaptar la educación ante esas circunstancias”.
Además, la resolución hecha pública pone de manifiesto que el anteproyecto “recoge en sus aspectos fundamentales” lo reflejado en el marco Pacto Educativo alcanzado por el 90% del arco Parlamentario el pasado 7 de abril así como “muchos de los temas sugeridos por el propio Consejo”. No obstante, este plácet no es total porque el dictamen sugiere a Educación más de una treintena de propuestas al texto. Unas son técnicas y otras de calado relativas a la financiación, la Educación Infantil, la carrera docente o el tratamiento integral de las lenguas.
Ninguna de las propuestas del CEE está relacionada con el estatus del euskera dentro del sistema. No obstante, llama la atención que el Consejo considere que una de las novedades de la ley con la que se pretende cambiar el paradigma de la escuela vasca –el Servicio Público Vasco de Educación que integrarán los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos– no esté suficientemente definida. En este punto, el Consejo considera que “deberían definirse en la Ley los requisitos de los centros para la prestación del servicio público vasco de educación”.
AVAL NI TOTAL, NI UNÁNIME
Tal y como ha adelantado NTM, el aval del Consejo Escolar tampoco es unánime ya que el dictamen ha concitado sendos votos particulares en contra del mismo. Están suscritos por algunos de los agentes más representativos de la red pública que tienen asiento en el Consejo: CC.OO. y Steilas y las asociaciones de familias Baikara y Bige. Entre los argumentos que usan estas cuatro organizaciones para pedir la retirada del proyecto de ley, destacan que el texto “no da respuesta a las necesidades del sistema educativo vasco ni supone ningún avance con respecto a la ley en vigor”. Añaden que la ley “se limita a blindar el sistema dual actual insistiendo en la privatización del sistema educativo vasco”. Además, sostienen que “no da respuesta a las necesidades de la Escuela Pública Vasca ni la convierte en eje del sistema educativo vasco”.
Desde esta perspectiva, denuncian que el texto “solo ha contado con los votos favorables de representantes de la administración, las patronales privadas y de los organismos empresariales”. Cabe recordar que el Pleno del CEE está formado por 46 vocales propuestos por distintos sectores (6 docentes, 6 padres y madres de alumnado de enseñanza no universitaria, seis estudiantes, 2 PAS, dos titulares de centros privados, un representante de la Universidad del País Vasco, 3 representantes de los sindicatos, tres patronales de la privada, cuatro miembros de la administración educativa, cuatro personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la educación, 6 representantes de la Administración Local, un representante de las cooperativas de enseñanza, un representante de las asociaciones de directores y directoras y un representante del Consejo de la Juventud de Euskadi).
PROPUESTAS DE MEJORA
Tras analizar punto por punto los objetivos y medidas de la nueva ley, el Consejo propone al Departamento de lidera Jokin Bildarratz toda una batería de mejoras. Algunas son meramente técnicas y otras medulares. Destacan las lagunas observadas por el CEE en el ámbito de la financiación o la carrera docente. El Consejo considera que se debería abordar la financiación, estableciendo un marco que tenga en consideración las necesidades de los centros de la red pública y concertada “con una base de indicadores económicos para el análisis de la evolución del gasto educativo (criterios objetivos, cuya aplicación se basa en circunstancias o hechos también objetivos y medibles)”. Es decir, más dinero y transparencia en su gestión.
Respecto a la carrera docente, el CEE estima que la ley se ha quedado corta. En relación al personal docente y no docente, el Consejo ”echa de menos” una referencia a la actualización del marco laboral de ambos colectivos de la pública. A su juicio, la ley podría considerar la revisión de funciones e incorporación de titulaciones que puedan adaptarse a las exigencias emergentes y a trabajar de forma más transversal.
También merecería revisión el proceso de acceso a la profesión docente desde la formación inicial, pasando por la incorporación a listas y las pruebas incluidas en las oposiciones. Todo ello, dice el CEE, “desde la necesidad de demostrar un nivel competencial en coherencia con el currículo que deben desarrollar con el alumnado”. También anima a desarrollar la carrera profesional docente “como impulso de la motivación y de las aspiraciones del personal”.
¿QUÉ PASA CON EDUCACIÓN INFANTIL?
Como suele ser habitual en la tramitación de cualquier ley educativa, en particular en Euskadi, el debate queda reducido a los grandes temas como la segregación, el euskera o competencia entre la red pública y la privada ante los retos que plantea la crisis de natalidad. Esta realidad de la política educativa vasca hace que otros asuntos sustanciales en día a día de cualquier familia queden sepultados bajo la maraña de titulares. Es el caso de la Educación Infantil.
En este sentido, el Consejo Escolar de Euskadi advierte de que en la planificación estratégica es necesario el análisis de la situación del primer ciclo de la etapa infantil (0-3 años) para “ajustar la oferta a la demanda evitando duplicidades y para asegurar la atención de esta población en condiciones adecuadas y sostenibles”.Asimismo, y con carácter general, el CEE cree que Infantil “se debería considerar de forma prioritaria la atención gratuita a niños y niñas en situación de vulnerabilidad”.
PLURILINGÜISMO SIN PROFESORES DE INGLÉS
Otro ejemplo de la misma realidad es el plurilingüismo, pero no en el sentido de la manida debilidad del euskera, sino en el de la falta de profesores con competencia en inglés. Respecto al tratamiento integral de las lenguas, el CEE cree que sería interesante “determinar algunos compromisos respecto al uso de la lengua extranjera como lengua de aprendizaje de algunas materias”. Asimismo, considera que para garantizar el desarrollo adecuado de los proyectos plurilingües “es necesaria una previsión y planificación del profesorado que pueda impartir materias en inglés, para procurar la continuidad de esas iniciativas en los centros”.
Por otro lado, el dictamen señala que ideas referidas a los Servicios Educativos de Apoyo tienen un carácter “muy general”. Por este motivo, el Consejo propone que se incluya en la ley la creación del Centro de innovación para el Aprendizaje,previsto en el acuerdo, que podría consistir en una estructura similar a la ya existente en el ámbito de la FP. “Un centro –dice– semejante a Tknika con flexibilidad suficiente para adaptarse a las demandas emergentes, con personal altamente cualificado y con vocación de penetración en las prácticas docentes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje”.
