Euskadi ha dejado de contar con los servicios sociales mejor valorados y ahora ocupa la tercera posición entre las comunidades autónomas, aunque en esa peor nota "ha podido haber influido" que las instituciones vascas no han aportado información sobre todos los indicadores que puntúan.
Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, los servicios sociales vascos se han visto superados en el último años por los de Navarra y los de Castilla y León.
Esta organización elabora cada año el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC) con datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos, que en su edición de este año muestra que dos de cada tres personas viven en comunidades autónomas con sistemas de protección social débiles y con enormes trabas administrativas.
Los servicios sociales en España obtienen una evaluación media de 5,1 similar a 2017, con lo que se pierde lo ganado en los últimos cinco años. La nota más alta la tiene Navarra (7,39), seguida de Castilla y León (6,89) y de Euskadi (5,93). A la cola están Madrid (3,07), Murcia (3,09) y Canarias (3,66).
Aunque Euskadi está en el grupo de cabeza su nota ha empeorado en el último año al pasar de 7,95 a 5,93, con lo que su calificación pasa de excelente a media "tras perder la excelencia en el apartado de cobertura efectiva de prestaciones y servicios", señala el informe.
El estudio matiza no obstante que en esa pérdida de 2,02 puntos "puede haber influido" que no se haya podido puntuar cuatro indicadores cuyos datos son facilitados las propias comunidades autónomas. Euskadi ha sido la única en no proporcionarlos, con lo que ha dejado de sumar en estos indicadores, que en total conceden 1,4 puntos.
En la anterior edición del estudio Euskadi obtuvo en estos indicadores 1,1 puntos, por lo que de haber repetido ahora esa puntuación "habría mantenido la excelencia", su puntuación total habría llegado a 7,03 puntos y sus servicios sociales habrían tenido la calificación de "desarrollo "alto".
El informe destaca la existencia en Euskadi de "una ley que garantiza derechos a la ciudadanía y de un catálogo que los desarrolla", así como que la atención a la dependencia se integre en el sistema de servicios sociales. Sin embargo, "su puntuación se ve mermada en este apartado ya que no tiene una planificación estratégica en vigor, habiendo caducado la que tenían aprobada", advierte el documento.
Se valora la dotación económica de los servicios sociales. En términos absolutos, Gobierno Vasco, diputaciones y Ayuntamientos incrementaron en un 41,1 % su gasto en servicios sociales en 2020, el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas.
Este esfuerzo inversor ha supuesto que la medida de gasto por habitante pasara de 688 euros en 2019 a 971 en 2020, es decir 283 euros más. Esta cifra es más del doble la media estatal de 447 euros, aunque hay grandes diferencias por regiones.
A pesar del incremento del gasto en servicios sociales en el País Vasco, su significación respecto al presupuesto total de las instituciones vascas fue inferior al año anterior al pasar del 13,7 % en 2019 al 7,86 % en 2020 (media estatal es del 7,78 %).
"La covid ha quebrado la tendencia de recuperación de los servicios sociales que se venía constatando desde 2016, cuando más necesita la gente los servicios sociales no se mejora la cobertura ni las prestaciones y servicios", ha lamentado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
García ha criticado que mientras que el Gobierno aprobó "cuantiosas partidas milmillonarias" para apoyar a sectores afectados por la pandemia, no lo hiciera con los servicios sociales, mientras que se han dejado sin gastar 72 millones de euros del plan de choque de la dependencia, a pesar de las listas de espera y la situación crítica que vivieron las residencias o la ayuda a domicilio.
"Los servicios sociales atienden a personas mayores, víctimas de violencia de género, niños que necesitan hogares o familias que necesitan ayudas para sobrevivir", ha recordado.
