Los divorcios y las separaciones experimentaron un notable crecimiento en el segundo trimestre del año respecto al mismo período de 2020, que estuvo marcado por el confinamiento domiciliario, pero se mantiene la tendencia a la baja que se experimenta en el Estado desde hace más de diez años.
Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas entre marzo y junio de este año fue de 26.752, un 62,2 % más que en el mismo periodo de 2020, pero un 6 % menos que en los mismos meses de 2019 (28.477).
La tendencia se mantiene a la baja en toda la serie histórica que recogen las tablas del CGPJ. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2011 hubo 32.261 disoluciones, un 17 % más que una década después.
El análisis respecto al año pasado está condicionado por el impacto de la pandemia, del confinamiento que conllevó y de la paralización de los juzgados. Pero si se comparan las cifras con las de 2019, han caído casi un 3 % los divorcios consensuados, un 10 % los no consensuados, un 11 % las separaciones consensuadas y un 16,6 % las no consensuadas.
Por comunidades autónomas, el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes en el segundo trimestre de este año se dio en Canarias, con 69; seguida de Baleares y la Comunidad Valenciana, con 63,4 y 62,9, respectivamente; Murcia, 61,8; Cantabria, 60,6; Andalucía, 59; y Madrid, 56,9.
Todas ellas superan la media estatal, que es de 56,5 por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León, con 43,5; Aragón, con 45,3; y Euskadi, con 46,9.
Se producen también incrementos notables en las demandas de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. En este caso la tendencia es al alza en los últimos años.
