- Hace 30 años se fundaba en Barcelona la primera entidad cannábica del Estado español, la Asociación Ramón Santos de Estudios Cannábicos, que conseguiría seis años después, en 1997, un fallo judicial favorable a ciertas actividades de consumo compartido de cánnabis, un "vacío legal" que se alarga hasta hoy.

Tras ese fallo, las asociaciones cannábicas se han ido multiplicando y Euskadi es, junto a Catalunya y Valencia, una de las tres comunidades autónomas que más cantidad de asociaciones han visto nacer. El secretario de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (catFAC), Eric Asensio, defiende que el siguiente paso de las asociaciones debería ser una nueva regulación estatal. La jurisprudencia indica que no será constitutivo de delito un cultivo organizado dentro de una asociación legalmente constituida, para un consumo de un círculo cerrado de personas, y con una declaración específica de las cantidades que necesita cada persona, entre otras especificidades.

Asensio remarca que, aunque las asociaciones puedan constituirse, aún no existe un consumo cómodo: "La tenencia de cánnabis en la calle sigue siendo ilegal, y, además, la ley no especifica qué cantidades se pueden cultivar, lo que deja abierta una puerta para la sanción que queda en manos de cada juez".

España fue pionera a nivel internacional en tener un acceso institucionalizado al cánnabis, pero, desde entonces, otros países han avanzado en regulaciones más concretas. El modelo más amplio es el de Uruguay, porque es el único que regula tres vías de acceso: venta en farmacias y tiendas especializadas, asociaciones de cánnabis, y cultivo para consumo propio.

Ahora, la Federación de Asociaciones Cannábicas de España, en el que participa catFAC, intenta impulsar una regulación en el Congreso de los Diputados: "Nuestra propuesta es dar un marco regulatorio a las asociaciones cannábicas como entidades de reducción de riesgos".

Recientemente el Partido Nacionalista Vasco presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para crear una subcomisión dedicada al estudio de la regulación del cánnabis. El propósito de la subcomisión que propone crear el PNV es analizar las experiencias de los distintos países que han regulado el cánnabis medicinal, así como también escuchar "a cuantos agentes y expertos se considere oportuno" y estudiar "aquella documentación que se considere necesaria". Todo ello con la finalidad de que en un periodo de seis meses se elabore un informe sobre la evidencia científica existente y las fortalezas y debilidades de los programas de cánnabis medicinal que funcionan en el mundo. El resultado de la subcomisión sería un informe que sería remitido al Gobierno español.