Aquel 6 de febrero, miles de toneladas de tierra, vertidos y árboles sepultaron por completo los cuatro carriles la AP-8, la principal vía de comunicación entre Bizkaia y Gipuzkoa, y parte de la variante de Ermua. Durante meses, los equipos del departamento de Desarrollo Territorial e Infraestructuras trabajaron para devolver la normalidad a una vía que utilizan a diario miles de vehículos, bajo la amenaza constante de que se produjeran nuevos desprendimientos. Para ello se equipó la ladera con una red de sensores de forma que, a la más mínima alerta, se pudiera cortar la circulación, abierta en un primer momento mediante un by-pass con un carril por cada sentido de circulación en la calzada en sentido Bilbao, menos afectada por el desprendimiento. Pasaron casi cinco meses hasta que, el 5 de julio, la vía pudiera recuperar la circulación en sus cuatro carriles, tras la construcción de tres barreras de contención en la ladera del vertedero: un dique a pie de autopista, una malla dinámica antialudes y un muro de contención del vertedero. "La prioridad en todas nuestras actuaciones ha sido siempre garantizar la seguridad", destaca Imanol Pradales, responsable de las infraestructuras de la Diputación, que no solo se ha personado como acusación particular en el juicio contra Verter Recycling, sino que también le abrió un expediente sancionador por una infracción muy grave contra la seguridad vial.
El diputado foral recuerda los momentos "de mucha incertidumbre y gran preocupación" nada más producirse el derrumbe. "Por la falta de información inicial y porque nos temíamos una desgracia aún mayor, con posibles vehículos atrapados bajo el vertido", echa la vista atrás. Solo cuando desde el centro de control, al que se desplazó esa misma tarde junto al diputado general, Unai Rementeria, y la entonces consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, revisaron las grabaciones pudieron confirmar que, "afortunadamente", no había vehículos atrapados. "Fue un desahogo, pero muy breve, porque no tardó en saltar la voz de alarma desde el vertedero. Mi recuerdo es el de una desgracia y la angustia por la desaparición de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze", reconoce.
Como Diputación, el cometido era poder reabrir la AP-8 cuanto antes. "Era fundamental y, sin embargo, únicamente metimos las máquinas cuando se pudo garantizar la seguridad de los equipos de rescate, varias horas después. En un tiempo récord logramos limpiar la calzada y activar un dispositivo geotécnico de vigilancia a fin de garantizar la seguridad de la circulación. A las 7 de la mañana del día siguiente teníamos reabierta la autopista", rememora. Fueron días de una gran incertidumbre, "las que nos generaban la búsqueda de las personas desaparecidas, la amenaza de la inestabilidad del vertedero, el problema generado por la combustión de los gases... Con el añadido de hacernos responsables de la seguridad de los miles de personas que utilizaban la AP-8 y la N-634, pendientes las 24 horas para que funcionara un sistema de alerta mejorábamos constantemente. Más que temores, lo que guardo es el compromiso de todas las personas, y son muchas, que trabajaron para resolver aquella situación tan complicada. Solamente tengo palabras de agradecimiento para todos, por su trabajo, implicación y esfuerzo".
Vigilancia constante. "Vigilamos constantemente más de un millar de taludes y laderas que se encuentran en el ámbito de la red foral de carreteras y que pueden suponer un riesgo para la infraestructura y la seguridad de los usuarios. Aplicamos técnicas innovadoras, no solo con instrumentos geotécnicos sino también con drones e imágenes satelitales. Pero insisto, vigilamos todo aquello que está en el ámbito de la carretera. No era el caso de este vertedero", advierte Pradales.
