Aunque el tráfico aéreo continúa prácticamente paralizado a nivel mundial y la hay libre circulación entre provincias solo llegará con la nueva normalidad, la desescalada propuesta por el Gobierno de Sánchez permitirá que los hoteles abran sus puertas en la primera fase, que previsiblemente comenzará el 11 de mayo. Los hoteleros de Bilbao denunciaron ayer que la apertura en esas condiciones en las que el nivel de ocupación es cercano a 0% es "absolutamente inviable". Por ello, desde la asociación Destino Bilbao solicitan, entre otras medidas, una prorroga de los ERTE de fuerza mayor. "De no ocurrir así no estamos en condiciones de garantizar los puestos de trabajo", explicaron ayer mediante una nota en la que auguran un año muy complicado. "La normalización no llegará hasta el primavera de 2021, en el mejor de los casos", pronostican.

La asociación hotelera que representa el 90% de las habitaciones disponibles en Bilbao considera que "las empresas de alojamiento no están en condiciones de garantizar los puestos de trabajo si se tuviera que reincorporar en este fase a toda la plantilla". Según el plan de desescalada, a partir de la primera fase podrían abrir sus puertas manteniendo las plazas, y las restricciones solo se limitarían a los espacios comunes que irían aumentando su aforo en las siguientes fases. El problema es que sin libre circulación no hay ocupación, por lo que "resultaría imposible asumir los costes que conlleva" la apertura.

Por ello, desde Destino Bilbao consideran que "es necesario autorizar la prórroga de los ERTE por fuerza mayor sin costes para las empresas por un periodo mínimo de seis meses y con capacidad de una incorporación escalonada y paulatina de los empleados en función de las cargas de trabajo". Aunque alegan que las primeras interesadas en volver a la dinámica de trabajo son las propias empresas hoteleras "con el actual estado de demanda ínfima, no es viable la apertura".

A su vez, teniendo en cuenta que a las empresas les "preocupa mucho" la seguridad de los clientes y empleados, argumentan no entender que el Gobierno haya fijado una fecha para la apertura sin que se haya concretado el "protocolo sanitario que se habrá de seguir a la hora de ejercer la actividad". En relación a ello, consideran que "las empresas tendrían que proveerse de equipos de protección individual para entregar a sus empleados, lo cual es muy complicado porque están agotados".