GASTEIZ. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha presentado este lunes las modificaciones del decreto que regula el programa ASAP (Alquiler Seguro Precio Razonable, en sus siglas en euskera), al que hay adheridos 268 pisos (21 en Araba, 165 en Bizkaia y 82 en Gipuzkoa), aunque se quiere llegar a 600 el año próximo.

El principal reclamo para conseguirlo es el aumento de las rentas máximas que se pagarán al propietario y que en la actualidad se sitúan en los 497 euros de media.

A partir de ahora en las capitales se abonarán 750 euros (antes los máximos eran de 650 en San Sebastián y 600 en Bilbao y Vitoria); 650 euros en las áreas metropolitanas y localidades con más de 10.000 habitantes (antes eran 550), y 600 para el resto (frente a los 400 de antes para municipios intermedios y 400 para los más pequeños).

Además se mejoran las garantías a los arrendadores. En caso de impago se les asegurará el cobro 20 mensualidades (hasta ahora eran 14) y se incrementarán las coberturas por defensa jurídica y reparación de los desperfectos que no sean consecuencia del uso o del paso del tiempo.

El seguro del hogar, que pagará el Gobierno y que tiene un coste medio de 165 euros por vivienda y año, tendrá un capital asegurado de 80.000 euros para el continente, 10.000 para el contenido y 601.100 euros por responsabilidad civil.

También se han modificado los baremos de ingresos que deben cumplir los interesados en alquilar una vivienda mediante este programa. El tope máximo se mantiene en los 39.000 euros, pero el mínimo se eleva de 12.000 a 15.000. La renta no podrá en ningún caso superar el 30 % de los ingresos del solicitantes.

El consejero ha explicado que este programa está orientado a las personas que ganan más de 21.100 euros y que por tanto no pueden acceder al programa de alquiler social Bizigune, pero que también "tienen dificultades para pagar los precios del mercado".

DOS PROGRAMAS DE CAPTACIÓN

El Gobierno vasco tiene dos programas de captación de viviendas: Bizigune y ASAP. El primero es gestionado directamente por el Ejecutivo, que cobra al inquilino en función de sus ingresos (la media es de 239 euros) y luego completa la cantidad que recibe el propietario, que recibe una renta "algo inferior" a los precios de mercado.

En el programa ASAP el Departamento de Vivienda ejerce de intermediario y el contrato de alquiler se firma entre el propietario y el inquilino con la intervención de agentes privados como inmobiliarias o públicos como sociedades municipales.

Estos se encargan de dar publicidad a las viviendas disponibles, estudiar las solicitudes que llegan de personas inscritas en Etxebide y supervisar las relaciones posteriores entre propietario e inquilino.

ASAP tiene un coste "muchísimo menor" para el Gobierno Vasco, ya que no complementa la renta, sino que es el inquilino el que la abona en su totalidad.

El programa se puso en marcha en 2012 pero "estaba languideciendo" por el "desfase" que había con las rentas máximas previstas en ASAP (600 €) y los precios de mercado, especialmente en las capitales. Además los propietarios tienen menos garantías que en Bizigune, lo que hacía que la iniciativa no fuera "competitiva", ha explicado Arriola.

Todo ello ha llevado a su Departamento a elevar las cuantías máximas previstas y mejorar las coberturas de los seguros para "relanzar" ASAP e intentar captar más viviendas vacías para su puesta en alquiler.