Las plataformas de alquiler de viviendas para uso turístico confían en que la Justicia española anule en los primeros compases del año que viene la obligación impuesta por Hacienda de enviarle trimestralmente información sobre sus clientes, tanto propietarios como arrendadores. La mayoría de las grandes empresas del sector con presencia en el Estado español -Airbnb, HomeAway, Rentalia, Niumba (TripAdvisor) y Spain Holidays- están deseando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la demanda que interpusieron contra el decreto que las obliga a enviar esa información en su calidad de intermediarios de arrendamientos turísticos.
El decreto establece que, desde que arrancó el año, las plataformas han de facilitar datos sobre la identidad del titular del piso, los días que se utilizará con fines turísticos, el importe percibido y la fecha del alquiler; así como otros datos adicionales que son voluntarios y que buscan “aumentar la transparencia y evitar eventuales requerimientos de información”, según recordaban desde la Agencia Tributaria. Sin embargo, las plataformas estiman que parte de la información requerida es “excesiva” e “irrelevante” para Hacienda, al tiempo que su recopilación viola la legislación europea y española en materia de protección de datos, tal y como subrayan en su demanda.
“Se trata de un problema que afecta a todo el sector”, aseguran desde Booking al tiempo que añaden que estudian cómo estos requerimientos “pueden entrar en conflicto con las regulaciones de privacidad y los desafíos prácticos” de su recopilación. Esta plataforma -la única de las grandes que no secundó la demanda- dice que está colaborando con Hacienda, sin aclarar si ha entregado a tiempo toda la información requerida y que “seguirá tomando medidas para recordar a sus clientes la necesidad de aportar” los datos.
Fuentes de Airbnb, por su parte, aseguraban que han entregado la información de todos sus clientes, que están cumpliendo con la legislación y que han habilitado diferentes mecanismos para informar a sus clientes y facilitarles la declaración de los ingresos obtenidos. Desde la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), en la que están integradas todas las plataformas mencionadas -salvo Booking- se defiende que “algunos de los requerimientos [de Hacienda] contravienen una norma comunitaria, no son proporcionales y no tienen trascendencia tributaria”.
Su director general, José Luis Zimmermann, explicaba que Adigital ya pidió en su día la suspensión cautelar del decreto hasta que el Supremo se pronunciara, pero en noviembre pasado se lo denegaron. Por ello, sólo queda esperar a la decisión del TS, que a su vez aguarda a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre una demanda interpuesta por las plataformas francesas, algo que no ocurrirá al menos hasta final de año.
En cualquier caso, el pasado abril el TJUE publicó la opinión de su Abogado General [similar al Ministerio Fiscal] que básicamente apuntó que la actividad de estas plataformas no es la de agentes inmobiliarios sino la de servicios de la sociedad de la información. El Abogado General argumentó que únicamente ponen en contacto a propietarios e inquilinos, “sin influir sustancialmente en el verdadero prestador del servicio”, ya que no fija los precios o las condiciones del alquiler, por ejemplo, según se lee en ese escrito.
“Totalmente excesivo” “Esa opinión es muy importante y seguramente determinará la sentencia del TJUE que, a su vez, será clave para determinar la del Tribunal Supremo” según Zimmermann, quien insiste en que se está requiriendo a las plataformas tareas de “supervisión y monitorización” de datos de sus usuarios, algo que sólo se debería exigir si existe una sentencia judicial. Las plataformas señalan que también se les piden cosas difíciles de comprobar como si el inquilino viaja con hijos u otros acompañantes, cuándo ha llegado al país o cuándo saldrá, y apuntan que ningún otro país del entorno requiere tales datos.
“Nos parece totalmente excesivo”, asegura el director general de Adigital, que en cualquier caso destaca “la voluntad de colaborar de todas las plataformas” a las que agrupa, “siempre que no se ponga en riesgo su actividad o se contravenga la ley”.
También llama la atención sobre la “trazabilidad” de todas sus operaciones, al contrario de lo que ocurría por ejemplo cuando se alquilaban pisos turísticos por boca a boca o a través de periódicos locales y con pagos en metálico. Fuentes del sector advierten de que pedir demasiados datos puede “desanimar a los usuarios e incentivar su migración a plataformas no transaccionales [en las que no se cierren los pagos], lo que dificulta su trazabilidad y por tanto que esos ingresos sean declarados”.
