Bilbao - La disposición de los parlamentarios del Partido Popular a “permitir” la tramitación de la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión pondrá fin el jueves a varios meses de impasse en el proceso que alumbrará una nueva regulación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Con este paso, el PP despeja el camino a la reforma de las ayudas sociales para adecuarlas al nuevo escenario económico y social de Euskadi, aunque el debate de las medidas contenidas en la proposición de Ley tendrá que esperar al próximo curso.
La reforma de la RGI, que llegó al Parlamento Vasco en forma de proposición de Ley presentada por PNV y PSE-EE, ha vivido un letargo de casi un año forzado por la búsqueda de apoyos parlamentarios y la decisión de “alejar” el debate de esta ley de los periodos electorales. Tras este retraso obligado, parece que la proposición tendrá la oportunidad de retomar su tramitación en el último pleno que celebrará la Cámara vasca antes del parón veraniego. Fuentes del grupo del PP confirmaron ayer las intenciones manifestadas hace unos días por Alfonso Alonso para permitir que la reforma de la ley que regula las ayudas sociales en la Comunidad Autónoma Vasca vuelva al debate parlamentario.
Esta decisión, sin embargo, no implica la conformidad del PP con el proyecto de reforma. Todo lo contrario. “Vamos a permitir la tramitación, pero presentaremos un texto alternativo a través de enmiendas”, señalaron desde el grupo del PP y recordaron que “a la vuelta de septiembre habrá que negociar para llegar a un acuerdo”. Respecto a las principales discrepancias del PP con los contenidos de la reforma formulada por PNV y PSE-EE, indicaron que “tenemos una idea muy clara de por dónde tiene que ir la reforma de la RGI”. En concreto, la portavoz recordó las declaraciones de Alfonso Alonso en las que señalaba que su idea es exigir una “garantía social” a los perceptores de la RGI para que, “igual que hacen los trabajadores”, las personas que cobran ayudas “tengan que fichar cuando van a recibir una formación continuada” y sea obligatorio que se comprometan a esa formación presencial orientada al empleo. Desde el PP señalaron que, pese a haberse dado un tiempo para buscar apoyos, los partidos que respaldan al Ejecutivo no han negociado la nueva RGI con este grupo, que ahora ofrece “una nueva oportunidad”.
“Responsabilidad” La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, apeló ayer a “la responsabilidad” de los grupos políticos para que faciliten el debate de la reforma, permitiendo el jueves la toma en consideración de la proposición de Ley, para, más adelante, crear la ponencia parlamentaria que analizará y discutirá sus contenidos, con el objetivo de poder aprobar la ley en esta legislatura. Artolazabal remarcó la importancia de actualizar una ley que ya tiene once años y recordó que en febrero de 2017 el Gobierno vasco presentó una batería de quince medidas que “eran las que tenían que venir a mejorar la Renta de Garantía de Ingresos” y también se trabajó “de una forma intensa con los colectivos y con el resto de personas que tenían algo que aportar de cara a la mejora de la RGI”.
La consejera indicó que tras el aplazamiento vivido en la tramitación de la proposición de Ley, el Gobierno vasco se “comprometió”, “por tercera vez a primeros de año, después de que se produjeran las dos citas electorales, a volver a retomar ese debate y ese debate se va a producir para la toma en consideración el jueves”. “Veremos cuál es la posición de los grupos”, dijo sobre el próximo pleno, al tiempo que aseguró que se pondrá en contacto con ellos “para saber cuál es su sentir”. Beatriz Artolazabal afirmó que “no tira la toalla” y que “hay tiempo para alcanzar acuerdos, ya que todavía queda legislatura para poder adecuar una ley a la situación real. Después de once años de experiencia, es preciso adaptarla a los nuevos tiempos”.
