Los mediadores ganan, el Servicio de Mediación pierde

Profesionales de la mediación destacan que ocho meses después del cambio en el servicio intrajudicial, que actúa en los ámbitos penal y familiar, “el balance es malísimo” y “hay muchas quejas”. Afirman que “las consecuencias del cambio van más allá de haber dejado sin trabajo a un grupo de personas, ya que el resultado es que han destrozado un servicio que era referente estatal y un ejemplo en Europa”.

Todos los sindicatos vascos, las patronales del sector de la Intervención Social, el Consejo de Relaciones Laborales, varios grupos parlamentarios, colegios profesionales, colectivos de jueces y fiscales, las comisiones paritarias de los tres territorios y otros actores del ámbito judicial denunciaron durante meses diversas irregularidades en los pliegos del concurso y en el proceso de adjudicación del Servicio de Mediación Intrajudicial, que depende del departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco. Inicialmente se denunció que los convenios colectivos del sector de Intervención Social exigían la subrogación de los trabajadores de las empresas adjudicatarias. Una cláusula que fue omitida en el concurso llevado a cabo por el departamento de la consejera María Jesús San José con el argumento de que se trataba de adjudicar un servicio distinto al existente hasta el pasado mes de agosto. La consejera insistió en que no había continuidad en el servicio porque éste pasaba a denominarse de Justicia Restaurativa y realizaba funciones nuevas, como “los círculos y conferencias”, que son técnicas que, según fuentes del sector, ya llevaban muchos años aplicándose en Euskadi.

Esta excusa, que ahora desmontan las sentencias judiciales que dan la razón a los anteriores trabajadores, y la persistencia de la consejera y su equipo en mantener la decisión de no subrogar, merecieron la censura parlamentaria. Algunos grupos acusaron también a San José de haber diseñado el concurso y sus cláusulas con la intención de favorecer a la empresa que finalmente resultó adjudicataria (IRSE.EBI o IRSE Euskadi) y eximirla de incluir a los mediadores que llevaban años realizando funciones dentro de la administración de Justicia del País Vasco. La adjudicación -señaló en su día la parlamentaria Jone Goirizelaia- “aparenta ser un caso de enchufismo, clientelismo y corrupción”, así como “un delito contra las administraciones públicas”. De hecho, la empresa saliente del servicio interpuso una denuncia penal en la Fiscalía por posible prevaricación en la concesión del servicio y durante más de siete meses la Fiscalía general del País Vasco investigó las decisiones administrativas y el proceso al sospechar de la existencia de “presuntas irregularidades”. Finalmente la Fiscalía cerró el asunto admitiendo que había indicios pero no “pruebas suficientes” para demostrar la prevaricación.

Sentencias En una de sus intervenciones parlamentarias Jone Goirizelaia recordó que “la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco está investigando, en relación con este concurso, unas sospechas de prácticas irregulares y de que los pliegos de este concurso estaban teledirigidos para que unas empresas concretas y determinadas obtuvieran las mejores puntuaciones”. También le reprochó a la consejera que su departamento no hubiera rectificado ni abierto una investigación propia. Goirizelaia afirmó que había “apariencia de amaño” y advirtió a San José de las consecuencias de su actuación sobre el personal del servicio de Mediación, que -dijo- “se queda en la calle porque el Gobierno vasco quiso desde el principio que IRSE Euskadi tuviera las manos libres para colocar a personal amigo”.

En cuanto a los anteriores trabajadores, que fueron despedidos el pasado 28 de agosto, con una notificación mediante correo electrónico, los sindicatos ELA, LAB, CC.OO., ESK y UGT destacaron que los juicios están siendo resueltos “dejando claro que el cambio en el nombre del servicio no implica en absoluto un cambio del mismo”, y que por lo tanto, los despidos son improcedentes. Las centrales indicaron que la empresa adjudicataria ha optado por la indemnización a los trabajadores en lugar de integrarlos y está recurriendo las sentencias en su contra, aunque ha tenido que depositar la suma de las indemnizaciones.

En una de las últimas sentencias emitidas, el magistrado Juan Carlos Mediavilla señala que la empresa demandada (IRSE.EBI) “debió haber procedido a la subrogación de la demandante, como por otra parte indica el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que a ello sea obstáculo que en el pliego de Prescripciones Técnicas, el apartado I.-) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares indique Información sobre subrogación: no procede, lo que está claro que no es correcto”. Y añade que “el trabajo prestado por la demandante bajo la denominación de Mediación Intrajudicial es el mismo que se presta en el nuevo servicio de Justicia Restaurativa”.

Un servicio peor Meses después del cambio en el servicio, fuentes del colectivo de mediadores denuncian que las irregularidades persisten, ya que “se está funcionando con menos trabajadores de los requeridos en el concurso”, durante unos cuatro meses prácticamente no se han realizado mediaciones, los trabajadores “no tienen la formación y titulación adecuada -excepto dos o tres personas que proceden de la empresa anterior- ni están inscritos en el Registro de Mediadores”, y “no se están atendiendo los 14 partidos judiciales”, como sí se hacía en la etapa anterior. En opinión de los profesionales, “no se ha mantenido el servicio de mediación que se venía prestando hasta agosto pasado en ningún territorio histórico. En Gipuzkoa solo hay un juzgado que deriva casos, en Bizkaia no se cubren todos los juzgados y se conoce un caso en el que fue una auxiliar administrativa la que llevó a cabo la mediación”. La falta de personal cualificado en la nueva empresa parece ser la queja principal de los usuarios, mientras que los operadores judiciales denuncian que reciben citaciones y luego no hay nadie para atenderles, o que se cita de manera conjunta a las dos partes en un conflicto familiar, algo “totalmente irregular”.

Tanto la falta de personal y la carencia de formación de muchos de los que componen el servicio actual suponen que IRSE Euskadi incumple las condiciones de la adjudicación, que además se realizó por una cantidad económica muy superior a la que recibía la empresa anterior. Estas carencias también han provocado un deterioro del servicio, una reducción de los asuntos derivados a la mediación y menos oportunidades para las personas implicadas en causas judiciales de alcanzar soluciones negociadas.