Madrid - La tranquilidad expresada ayer por Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, enferma terminal, a la que ayudó a morir, contrasta con la tormenta desatada en la clase política sobre la legalización de la eutanasia, en la que también ha entrado la Iglesia. “No tengo miedo, estoy tranquilo, mi mujer dejó de sufrir”, decía una y otra vez ayer Hernández en su domicilio, donde convocó a los medios de comunicación para hablar, una vez quedó en libertad tras prestar declaración como imputado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio en un juzgado de Madrid. Y lo hizo, según insistió, tranquilo para “seguir con la batalla” de la regulación de la eutanasia, para que otras personas no tengan que padecer los fuertes dolores que desde hace meses tenía María José por su esclerosis múltiple.

“Llevaba 48 horas sin dormir y no pude hacerlo en los calabozos. Era imposible; afectado, allí encerrado, no he podido hacer el duelo de mi mujer”, se lamentó, no obstante Ángel, quien reclamó una ley de regulación de la eutanasia que “está en el Parlamento, se ha intentado que se aprobara, pero tanto el PP como Ciudadanos la han bloqueado”. Su defensa pedirá que se aplique la atenuante que contempla el artículo 143.4 del Código Penal para que no tenga que entrar en prisión, pero no descarta solicitar el indulto si hay una sentencia condenatoria.

Esta decisión estaría en manos del Gobierno, pero ayer su portavoz, Isabel Celáa, no entró en el asunto, aunque sí expresó el compromiso del Gobierno de impulsar “la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas” y llevarlo “cuanto antes” al Parlamento para su aprobación. La necesidad de una ley de eutanasia la defendió la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la que opinó que cuando una persona tiene una enfermedad incurable o está en fase terminal, la decisión de poner fin a su vida es exclusivamente suya y no deben intervenir criterios religiosos, morales, éticos, médicos o judiciales.

Rechazo de la iglesia El tema de la eutanasia llegó también a la mesa de la Conferencia Episcopal Española, cuyo secretario general, Luis Argüello, afirmó que “la muerte provocada no es la solución a los conflictos” de la sociedad. “No pienso, Dios me libre, en la cárcel para nadie, pero sí en la necesidad, desde la radical defensa de la vida”, de apoyar cualquier decisión que evite “que la muerte sea la solución de los problemas”.

Las asociaciones que defienden la sanidad pública urgieron a regular la eutanasia y criticaron la alianza entre PP y Ciudadanos, que paralizaron el debate del proyecto de ley presentado en el Congreso y creado “una situación inasumible para muchas personas en situaciones intolerables”.

En el ámbito judicial, la Unión Progresista de Fiscales pidió la despenalización de las conductas eutanásicas, con la elaboración de una ley en la que se regule el suicidio asistido, porque el “poder legislativo no puede seguir ignorando la voluntad popular soberana”. Para los fiscales, cuando se ha preguntado a la sociedad “sin restricción de edad, credos ni adscripción política, se ha manifestado de forma abrumadoramente mayoritaria de que se regule legalmente la eutanasia”. - Efe