GASTEIZ. Así, la toma en consideración de la ILP, que logró recabar 17.000 firmas para su registro en la Cámara, ha decaído al votar en contra PNV, PSE y PP y a favor EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

En un principio, cuando se presentó públicamente, la iniciativa también recibió el apoyo del PSE, aunque el Partido Socialista se ha desmarcado finalmente de la misma y ha votado en contra de su toma en consideración en la sesión plenaria.

Esta postura del PSE ha sido criticada tanto por la plataforma como por Elkarrekin Podemos y EH Bildu, que han denunciado el portazo a una iniciativa que busca cambiar un modelo educativo vasco "segregador" y no equitativo.

El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, ha replicado que comparte los objetivos de la ILP a favor de construir una escuela pública inclusiva en la que nadie quede arrinconado, aunque ha señalado que apuesta por introducir los cambios necesarios en la futura Ley de Educación que quiere impulsar el Gobierno vasco.

Pastor ha dicho a los impulsores de la ILP que no deben entender el rechazo del Parlamento como una derrota y les ha pedido que tengan en cuenta que su trabajo ha sido útil de cara a afrontar el debate para abordar las reformas educativas necesarias.

Esta es la primera ocasión en la que el Parlamento Vasco debate una ILP después de que en 2016 entrara en vigor la nueva normativa autonómica que regula este tipo de propuestas, que rebajó de 30.000 a 10.000 las firmas necesarias para registrar una iniciativa de este tipo.

También gracias a esa reforma legislativa ha sido la primera vez que interviene con voz ante el pleno de la Cámara un ciudadano particular, en este caso Sabin Zubiri, miembro de la Plataforma Ciudadana por al Participación y Cambio en Euskadi Zubiak Eraikiz impulsora de esta iniciativa legislativa.

Con esta ILP, compuesta por nueve artículos y cuatro disposiciones finales, se pedía la gratuidad de la educación tanto en centros públicos como concertados "con mecanismos concretos para hacerlas efectivas" y la atención a la diversidad del alumnado.

También planteaba que todo centro educativo financiado con fondos públicos tenga que atenerse a unas mínimas reglas como acoger "a un mínimo de alumnado con necesidad especial educativa".

Para ello, contemplaba la no renovación de los conciertos a los colegios que no alcancen un determinado índice de atención a alumnado proveniente de familias con mayores necesidades sociales.

Además, pedía mayores recursos para los centros con una mayor densidad de población desfavorecida.

El portavoz de plataforma ha denunciado la "gravedad" de la segregación escolar, con concentración de alumnos con dificultades socioeconómicas en guetos y la creación de centros "elitistas" y ha demandado un equilibrio entre las redes educativas.

Ha pedido a los socialistas "coherencia" y al PNV y al PP que profundicen en los pasos a dar para eliminar estos problemas.

Rebeka Ubera (EH Bildu) ha asegurado que la coalición soberanista seguirá trabajando para hacer frente a la segregación porque la "brecha social" se está estabilizando y ha exigido a la consejera de Educación, Cristina Uriarte, que no mire hacia otro lado.

José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha denunciado el modelo educativo "segregador" y no inclusivo que diferencia entre los alumnos "por clases" socieconómicas y ha reclamado medidas para fomentar la diversidad y la cohesion social en las escuelas.

Desde los otros grupos que han votado en contra de la tramitación, Jone Berriozabal (PNV) ha reconocido que su partido comparte el objetivo de la ILP pero no los instrumentos ni las herramientas que propone y ha afirmado que el Departamento de Educación ya está impulsado varias medidas en pro de la diversidad e inclusión.

Juana Bengoechea (PP) ha considerado que la ILP "no centra el problema de la educación donde debe centrarlo, que es en la financiación", y ha defendido una ley que no vaya contra la educación concertada.