No es habitual que el lehendakari utilice los cauces oficiales para pronunciarse sobre las polémicas políticas del Estado. Pero Iñigo Urkullu ha emitido este martes un mensaje en sus redes sociales para exigir transparencia a La Moncloa ante las informaciones que denuncian una operación de espionaje en los móviles de los líderes independentistas a través del programa Pegasus. Pidió explicaciones al Gobierno de Sánchez sin dar por sentado que la mano negra venga del Ejecutivo socialista. Pero la petición es firme, denuncia la extrema gravedad de lo ocurrido, y deja ver que este episodio puede tener un gran alcance si no se resuelve. El PNV, el socio más fiable de Sánchez, ya avanza su intención de adherirse a las solicitudes de información.
Pero, ¿cómo afecta este caso al lehendakari o al PNV? En sentido estricto, en Lehendakaritza no consta que Urkullu tuviera pinchadas sus comunicaciones. Se ha publicado una lista con alrededor de sesenta personalidades del soberanismo, pero pertenecen sobre todo al ámbito catalán, con la excepción de los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. No constan nombres del PNV. No obstante, se ha matizado que en las listas de este caso que ha puesto en circulación el medio The New Yorker no están todos los nombres, porque hay cargos que han preferido mantener el anonimato. Preguntados sobre este particular, desde Lehendakaritza descartan que Urkullu sea uno de ellos.
Otra cuestión es que, por vía indirecta, sí ven factible que se colara en el presunto espionaje algún mensaje del lehendakari. En concreto, Urkullu realizó una labor de mediación en 2017 entre el entonces president Carles Puigdemont (que sí aparece en la lista, de ahí que los mensajes que se cruzó con Urkullu puedan haber sido fiscalizados), y el presidente español Mariano Rajoy. Quería evitar una declaración unilateral de independencia y la suspensión del autogobierno catalán. Fue una mediación que no tuvo éxito, y Urkullu ya dio cuenta de ella sin secretismos en los más de 600 folios que depositó en la Fundación Sabino Arana.
¿SOLO CON EL PP O TAMBIÉN CON SÁNCHEZ?
¿SOLO CON EL PP O TAMBIÉN CON SÁNCHEZ?Lehendakaritza cree que queda por discernir si el presunto espionaje solo se produjo en la época del PP, con Rajoy como presidente, o si tuvo continuidad durante el mandato de Sánchez, con el conocimiento del socialista y sin aval judicial. Sánchez llegó a Moncloa en junio de 2018 con una moción de censura, de manera que entra de lleno en el periodo de la polémica (2017-2020), e Iñarritu tiene constancia de pinchazos hasta diciembre de 2020, es decir, un año después del acuerdo de investidura de Sánchez con ERC y el PNV, un acuerdo donde prometió poner fin a la judicialización.
El president Pere Aragonès aparece en la lista de espiados. En función de las explicaciones que se ofrezcan, Lehendakaritza no pierde de vista que esta situación puede provocar que la estabilidad de la legislatura española quede en el aire, ya que Aragonès tiene una mesa de diálogo con Sánchez.
EL PNV PIDE INFORMACIÓN
EL PNV PIDE INFORMACIÓNUrkullu consideró que esos hechos, de ser ciertos, serían de "extrema gravedad" y supondrían "un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías", y pidió una "explicación urgente" al Gobierno español. El PNV, a través de Twitter, dijo que estas informaciones apuntan a "actuaciones presuntamente ilegales y contrarias al Estado de Derecho" y revisten de una " gravedad extrema". Instó al Gobierno español a "aportar de manera urgente toda la información disponible" y avanzó que el PNV "secundará las iniciativas destinadas a tal fin".
En una primera reacción, Moncloa se desvinculó de este espionaje, aunque no fue capaz de aclarar si el CNI fue quien lo perpetró. Se amparó en los secretos oficiales y cuestiones de seguridad. Ofreció la comparecencia de la ministra de Defensa. Urkullu dijo que las informaciones merecen "una explicación urgente", cree que, de ser ciertas, "constituirían una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político", y que necesitan una "clarificación transparente y completa". "Espiar a quien piensa diferente constituye un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías", dijo.
