Puigdemont y Junqueras llevan al Estado a los tribunales por el espionaje masivo

Moncloa echa balones fuera sobre su implicación en el uso del programa Pegasus y se remite a la "seguridad nacional"

19.04.2022 | 14:32
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras comparecieron ayer en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

El espionaje masivo a dirigentes independentistas catalanes con el programa israelí Pegasus -solo adquirible por gobiernos de estados o fuerzas y cuerpos de seguridad- ha levantado una polvareda política e institucional con el Ejecutivo español en el ojo del huracán, debido a su implicación en este ciberataque contra los teléfonos móviles de alrededor de 60 representantes del soberanismo, cuyos dispositivos fueron infectados o sufrieron intentos de hackeo entre los años 2017 y 2020.

Este caso, desvelado por una investigación de la revista estadounidense New Yorker, afecta entre otros al actual president Pere Aragonès, así como a sus antecesores en el cargo Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. También hay dos nombres vascos en la lista de políticos cuyos dispositivos fueron atacados, los de los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

El escándalo tiene tintes de adquirir repercursión internacional, ya que ayer mismo el president en el exilio, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, comparecieron en Bruselas para anunciar que llevarán al Estado ante la justicia española y europea. "A nivel legal, denunciaremos a varios niveles y en varios países europeos el espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Govern, representantes políticos, abogados, periodistas, activistas y sus seres queridos"; detalló Puigdemont en la rueda de prensa conjunta sobre un caso de espionaje en el que por el momento Moncloa echa balones fuera y se remite a cuestiones de "seguridad nacional".

Según anunciaron los líderes independentistas catalanes, la denuncia al Estado español será ante un tribunal de Barcelona y también ante las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Luxemburgo, si bien no aportaron detalles exactos sobre a qué entidad estará dirigida la querella que previsiblemente se presentará a partir de la próxima semana.

Carles Puigdemont anunció asimismo acciones judiciales contra la empresa israelí NSO, que desarrolló el programa, y su subsidiaria luxemburguesa; y señaló que también que pedirán que se investigue al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a "todas las entidades españolas" vinculadas a este caso.

Europa ya lo investiga


Junqueras, por su parte, anunció que han llevado el caso al Parlamento Europeo. Es más, esta institución ya se encuentra estudiando casos de espionaje con el programa Pegasus en países de la UE, incluido el de los dirigentes independentistas.

Ayer mismo se constituyó la comisión de investigación centrada en el uso del software de la empresa israelí NSO, una iniciativa pactada hace meses pero que arranca justo cuando se conocen nuevos casos como el ciberataque contra el móvil del comisario de Justicia, Didier Reynders, y el que afecta a los dirigentes soberanistas catalanes, entre los que se incluyen los actuales eurodiputados Toni Comín, Jordi Solé y Diana Riba.

Nada de esto parece concernir al Gobierno español, que ayer martes optó por dar largas y no hacerse responsable del encargo de un método de espionaje que solo está al alcance de los estados y sus estructuras. De esta manera, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no quiso desvelar si el CNI ha espiado a los líderes independentistas con el sistema Pegasus y alegó que se trata de un asunto de "seguridad nacional".

En ese sentido, Moncloa se vuelve a escudar en la ley de Secretos Oficiales que le permite negarse a dar información sobre asuntos de estas características. "Se trata de materias clasificadas y de asuntos secretos sobre los que no puedo dar cuenta porque me lo prohíbe la ley", justificó Rodríguez.


El govern enfría el diálogo


Ni los partidos independentistas ni la Generalitat aceptan dicha ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ayer el propio president Pere Aragonès aseguró que que la relación política del Govern con el Gobierno español queda "afectada" tras el escándalo, por lo que está por ver qué pasará ahora con una mesa de diálogo entre el Estado y Catalunya que ya cojeaba.

"No se puede recuperar la normalidad de las relaciones políticas", afirmó el president en una comparecencia en el Palau de la Generalitat junto al resto del Govern, después de una reunión extraordinaria para coordinar la respuesta del Ejecutivo ante el espionaje.

Uno de los casos más flagrantes del uso del Pegasus es el relativo a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, que ayer martes relató cómo fue espiado mientras realizaba su labor de defensa; en concreto, durante la preparación de recursos a la sentencia del 1-O y para conseguir permisos penitenciarios.

Por ello, el letrado sostiene que les espiaron "para oír y controlar las conversaciones de las defensas", en su caso ya después de la condena del Tribunal Supremo. Con todo ello, el escándalo del espionaje con Pegasus al soberanismo catalán lleva ya camino de terminar en los tribunales internacionales.

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