El plan normativo que ha presentado Pedro Sánchez para este año 2022 ha puesto en guardia al PNV, que va a registrar una batería de 68 preguntas al respecto en el Congreso de los Diputados para arrojar luz sobre las intenciones del Gobierno español. El plan inquieta a los jeltzales por el contenido y las formas.

Por un lado, en cuanto al contenido, recoge leyes que tienen como objetivo uniformizar la cartera de servicios sanitarios y sociales con un mínimo común en todo el Estado. A falta de que se concrete, pone en alerta al PNV, que detecta el riesgo de que la letra final de los proyectos invada competencias vascas, ya que esas materias son cuestiones transferidas a las comunidades autónomas.

Por otro lado, en cuanto a las formas, el plan normativo anual del Gobierno español recoge una cifra récord de iniciativas, un total de 368 propuestas (92 leyes y 276 reales decretos). Este planteamiento obligaría al Ejecutivo de Sánchez a avanzar a la velocidad de la luz, al ritmo de una propuesta al día, que en principio parece poco compatible con la búsqueda de consensos y la negociación con los grupos del Congreso.

PREGUNTAS DE JOSUNE GOROSPE

Según adelantan fuentes del grupo del PNV en el Congreso a este periódico, registrarán 68 preguntas sobre el plan anual normativo. Se van a centrar en las áreas y los ministerios que lleva Josune Gorospe. La jeltzale es la portavoz del PNV en materias como la educación y la formación profesional; la sanidad y el consumo; y la ciencia, la innovación y las universidades.

El ministro Bolaños presentó el plan legislativo la semana pasada, y puso en valor de viva voz dos leyes que, precisamente, son las que más inquietan a los jeltzales: una Ley para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, "que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos", y una Ley de Servicios Sociales, "para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio".

El PNV ha medido sus declaraciones a la espera de conocer el desarrollo de estas propuestas y ver cómo se concretan. Ha detectado un aroma recentralizador y tiene la sensación de que el PSOE y Unidas Podemos están priorizando su deseo de sacar adelante su programa, lo que puede poner en peligro la búsqueda de consensos. Todo ello, en un ciclo electoral que comenzará el 13 de febrero con las elecciones en Castilla y León. Pero el PNV no puede anticipar una valoración más allá de estas sensaciones, y todo dependerá del contenido de esas iniciativas.

De ahí también que registre estas preguntas, unas cuestiones que son, por otro lado, un síntoma de la desconfianza en Sánchez, que empieza a crecer por el incumplimiento de los compromisos pactados. Aitor Esteban ya avisó el lunes de que habrá conflicto si las leyes invaden competencias vascas, y citó también la Ley Audiovisual. Como informó este periódico, el Gobierno español no ha atendido las alegaciones del Gobierno vasco y EITB sobre la gobernanza del ente público.

EL GOBIERNO ESPAÑOL NO VE INTROMISIONES

Otro foco de atención para el PNV lo encarna la Ley de Vivienda. El vocal vasco del Consejo General del Poder Judicial, Enrique Lucas, ha puesto en duda la competencia del Estado para legislar sobre sobre el derecho a la vivienda, en la medida en que la competencia está transferida a las comunidades autónomas. La ministra Raquel Sánchez tiene ante sí, por otras razones, la ofensiva del PP contra esta ley, que no aplicará en sus comunidades. El Gobierno español ha aplazado la ley pero insiste en que "no invade las competencias autonómicas".