Consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya

Lourdes Ciuró: "Con el 'procés', el Estado español ha vulnerado todas las garantías democráticas"

12.12.2021 | 01:00
Lourdes Ciuró: "Con el 'procés', el Estado español ha vulnerado todas las garantías democráticas"

La Consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, estuvo el viernes en Irun para asistir a la colocación de una placa en honor a Lluis Companys en el puente Avenida

El president Lluís Companys fue entregado al franquismo por la Gestapo el 29 de agosto de 1940 en el puente Avenida, entre Hendaia e Irun. Tras la restauración de la pasarela y la baranda del puente en 2020, la asociación por la memoria histórica Kepa Ordoki del Bidasoa presentó una moción en el Ayuntamiento de Irun para colocar una placa en honor al president, aprobada por la mayoría del Pleno. El acto de colocación tuvo lugar el pasado viernes, con la presencia de la consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, y en plena polémica por un nuevo ataque a la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalana.

¿Cómo valora el acto de colocación de la placa en reconocimiento al president Lluis Companys en el puente Avenida de Irun?

—Ha sido ante todo un acto muy emotivo. Me gustaría agradecer la iniciativa al Ayuntamiento de Irun y a la entidad que promovió la moción, la asociación Kepa Ordoki, porque para nosotros ha implicado que un tramo de la baranda hoy esté en uno de los espacios de memoria de la Generalitat, en El Tarròs. Este acto nos ha religado, y nos ha permitido recordar y reivindicar la memoria del president Companys en el lugar en el que, debido a una mala causa, fue entregado al franquismo.

¿Cree que hacen falta más intercambios de este tipo, aunque se realicen a nivel municipal, a la hora de trabajar la memoria histórica en el Estado español?

—Este tipo de actos a nivel local lo que hacen es reforzar la memoria colectiva, la memoria compuesta por pequeñas o grandes historias individuales que, en este caso, responden a una circunstancia de represión como consecuencia de la Guerra Civil, por parte de unos vencedores a unos vencidos. Todos los actos que puedan contribuir a preservar esta memoria son buenos y, desde luego, la colaboración entre municipios ayuda.

Más allá de los homenajes a nivel municipal, ¿considera que es todavía necesario un reconocimiento oficial por parte de las instituciones del Estado por la persecución, detención, fusilamiento de Companys en 1940, más allá de la anulación de la condena, y también por los miles de catalanes fallecidos o exiliados a manos del franquismo durante la Guerra Civil?

—Las instituciones españolas deberían ser conscientes de que quien fue el vencedor en un conflicto pasado tiene una gran responsabilidad. Para poder hablar de concordia como hablan algunos, se necesita poder reparar los agravios realizados a las que fueron víctimas en su momento. Por tanto, reivindicamos que la próxima ley de Memoria Histórica española reconozca estos hechos y, además, censure la aplicación de una jurisdicción sumarísima de persecución, de imposición y sin ninguna garantía por el mero hecho de aplicarse sobre la disidencia.

¿Cómo de relevante cree que es la memoria histórica para entender los conflictos actuales y, en concreto, los que siguen abiertos entre Catalunya y España?

—Lo que me permite esta pregunta es poner sobre la mesa que la realidad catalana no nace con la memoria democrática o con la Guerra Civil, sino que venimos de la época de la Guerra de Sucesión, en 1714, en la que se abolieron todas las instituciones catalanas. La reivindicación de Catalunya como un territorio con singularidades propias, como una sola entidad, no llegó después hasta 1913, con el surgimiento de la Mancomunidad de Catalunya. Nuestra reivindicación no nace a causa de la represión franquista, sino que viene de una voluntad secular, de un sentimiento de nación que los catalanes llevamos con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Si el Estado español entendiese esta diferencia, esta realidad, la concordia sería más fácil. Pero si no se reconoce la diferencia, es muy difícil que Catalunya encuentre un encaje pacífico en España.

Volviendo al presente, quizás una de las pugnas más importantes del catalanismo a día de hoy es la del posible regreso de los eurodiputados catalanes encausados por el 'procés', entre ellos el expresident Puigdemont. Hace escasas dos semanas una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea dio por suspendida la causa del 'procés', lo que en principio obligaría al Tribunal Supremo a congelar el caso. ¿Cómo valora la noticia?

—Lo más importante es que el Tribunal europeo ha dicho que existe una inmunidad de todos los parlamentarios europeos, también del president Puigdemont, de Clara Ponsatí y de Toni Comín. Ellos, hoy en día, pueden circular por todos los países de la Unión Europea, excepto por el Estado español, y esto debería dar que pensar. Porque parece ser que un Estado miembro no respeta las decisiones del Tribunal General de la Unión Europea, y esto es muy grave. Quiero recordar que el president Puigdemont se presentó a unas elecciones para el Parlamento Europeo, las ganó con tres diputados y nos costó muchísimo que pudiesen ejercer libremente porque se les vetó acceder al acta de diputado. Esto es una anomalía democrática que constata que con el procés y la voluntad de independencia del pueblo de Catalunya, el Estado español ha vulnerado todas las garantías democráticas y de derecho que como Estado debería respetar.

A falta de que el juez Llarena se pronuncie y con las órdenes de detención europeas para los eurodiputados ya suspendidas, ¿cree que tendría algún sentido jurídico que las órdenes de arresto estatales se mantuvieran?

—No tiene ningún encaje jurídico, porque se estarían vulnerando los derechos de inviolabilidad de los parlamentarios europeos. No tiene por dónde cogerse.

En los últimos meses hemos visto discrepancias entre los socios del Govern, pero en el apoyo a los encausados por el 'procés' parece que es donde menos divergencias hay. ¿Se ha convertido en uno de los principales puntos en común a día de hoy?

—Lo que une al Govern catalán, que somos dos fuerzas independentistas distintas, es el buen gobierno. El dar respuesta a los retos que tiene la ciudadanía de Catalunya en el día a día, eso nos une. Por esto hemos aprobado un Plan de Gobierno y estamos en vías de aprobación de unos presupuestos. Evidentemente, la represión también nos une, pero no hay que olvidar que somos dos partidos distintos, que tenemos puntos de vista diferentes en muchas cosas. Aún así, hemos sido capaces de llegar a acuerdos para la gobernabilidad con un horizonte común: la independencia del país.

Después de esta sentencia del Tribunal General europeo, ¿se puede decir que el exilio de Puigdemont lo ha provocado una persecución política?

—El exilio de Puigdemont, Comín, Ponsatí y otros ha significado poner en un espejo las resoluciones que ha dictado un Estado español que no ha respetado los límites constitucionales, frente a tribunales europeos que sistemáticamente, en cuatro países distintos, le han dicho que no tenía la razón. Ha servido para poner en evidencia la justicia en España.

Hace poco más de dos meses el Gobierno vasco asumió la competencia de prisiones, una responsabilidad que la Conselleria de la que usted es responsable lleva gestionando desde 1983. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que supone la gestión de las prisiones?

—El principal reto es y será la reinserción, el dar una segunda oportunidad a personas que quizás no han tenido ni la primera. De hecho, somos el país europeo que más invierte en educadores sociales, en pedagogos para poder acompañar en la reinserción; destinamos un 17% del gasto en prisiones en ayudas a la reinserción, por encima de la media de la Unión Europea y de España, que está en el 7%. Siete de cada diez personas presas en el sistema catalán no reinciden, lo que ya es una muestra del éxito de nuestra apuesta.

Si tuviera que darle un consejo a su homóloga en Euskadi, la consejera Beatriz Artolazabal, para hacer frente a su recién adquirida competencia, ¿qué le diría?

—Le diría que lo que a mí más me ha fascinado de gestionar las cárceles en Catalunya es la oportunidad de hacer política social. Verlo como una oportunidad para poder dar segundas oportunidades. No es solamente un servicio para gestionar un régimen de encerramiento de personas que han faltado a la sociedad, porque cuando uno falta a la sociedad la propia sociedad también tiene parte de culpa. Lo más bonito es esa faceta de la rehabilitación.

Tras la última sentencia del Tribunal Supremo, ¿mantiene la Generalitat su apuesta por la inmersión lingüística?

—Por supuesto. La inmersión lingüística es un sistema de éxito en Catalunya, implementado con un amplísimo acuerdo en el Parlament, que lo que garantiza es la competencia de los alumnos en las dos lenguas cooficiales, el catalán y el español. Ahí nos mantendremos. Lo que hay que hacer es pedir al Estado que proteja a una de las lenguas, el catalán, que está en franca minoría frente a una lengua de 500 millones de hablantes que es el español. El catalán es riqueza cultural, patrimonio de Catalunya y también del Estado español, por lo que le instamos a que también se rebele contra sentencias injustas que lo que demuestran es un completo desconocimiento de la realidad catalana.

"Las instituciones españolas deberían ser conscientes de que para hablar de concordia se necesitan reparar los agravios pasados"

"El gran reto en la gestión de prisiones es la reinserción, dar una segunda oportunidad a personas que quizá no han tenido ni la primera"

"La inmersión lingüística es un sistema de éxito en Catalunya que garantiza la competitividad de los alumnos en las dos lenguas"


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