Los acusados de integrar el frente jurídico de ETA se mostraron ayer jueves “muy preocupados” por el sentido de la sentencia que “podría llegar en cualquier momento” tras el reciente juicio contra ellos en la Audiencia Nacional, y han pedido “apoyo” a ciudadanos, instituciones y partidos.

La principal acusada en este caso, la abogada Arantza Zulueta, para la que la Fiscalía pide 19 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista en condición de dirigente y otro por depósito de armas y explosivos, al serle encontrada en su despacho la ubicación de dos zulos, hizo pública ayer jueves en una comparecencia una declaración de los imputados en la que confiesan su preocupación.

“Sobre todo estamos preocupados -ha señalado en la rueda de prensa de Bilbao- porque una sentencia condenatoria en este momento nos coloca en parámetros del pasado del ‘todo es ETA’, y de utilización de la judicatura en términos de represión, parámetros que la sociedad vasca entendía superados”.

Diez años de instrucción

La defensa de los acusados no espera “otra solución que la absolución de todos los enjuiciados”, al considerar que tras más de diez años de instrucción del caso el procedimiento judicial ha estado “viciado desde su origen”, según indicó el abogado Aiert Larrarte en el mismo acto informativo.

Además de la petición para Zulueta, la Fiscalía solicita en este caso entre 7 y 12 años de prisión para los abogados Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, así como para dos supuestas colaboradoras de ETA, Saioa Aguirre y Nerea Redondo.

En cuanto al letrado Julen Zelarain, la Fiscalía y el resto de acusaciones han decidido exculparle de toda responsabilidad penal al no haber podido probar que se correspondía con la identidad del apodo Ilazki, que aparecía en el Informe Halboka que según la investigación dio origen a este procedimiento.

Recurso preparado

La defensa de los acusados ha pedido su absolución y recurrirá una eventual sentencia condenatoria. Según el abogado Aiert Larrarte, en el juicio ha quedado acreditado, entre otras cuestiones, “la participación del CNI en escuchas ilegales” a abogados en ejercicio y en el operativo para su detención.

Además, la defensa recuerda que hay varios testimonios de los acusados denunciando torturas por parte de la Guardia Civil y que parte de los imputados “han sido juzgados dos veces por los mismos hechos” ya que fueron sometidos a juicio en 2019 en el caso Herrira, en relación con lo que entonces se denominaba el “frente de cárceles” de ETA.