las comunidades dan la espalda a la vía del Supremo de Sánchez

El Congreso de los Diputados vota el jueves la convalidación del decreto en un clima de apatía: solo han llegado al TS el cierre perimetral en algunas islas canarias y un municipio granadino

17.05.2021 | 01:15
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El Congreso de los Diputados someterá a votación este jueves el decreto de Pedro Sánchez que recoge el recurso en casación al Tribunal Supremo para intentar que sea esta instancia la que avale los toques de queda o los cierres perimetrales. El presidente español, empeñado en no prorrogar el estado de alarma, presentó esta vía como el gran salvavidas para que las comunidades autónomas pudieran seguir restringiendo la movilidad de los ciudadanos con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus. Pero, en realidad, ha sido recibida con una clara apatía y, finalmente, tendrá una aplicación testimonial. Comunidades como la valenciana, Baleares y Galicia no la usarán porque sus tribunales superiores de justicia ya han avalado medidas como el toque de queda, y los territorios que sí necesitan una percha jurídica porque sus tribunales han respondido con una negativa han renunciado a recurrir al Supremo totalmente (como la vasca) o de manera parcial (Canarias se rinde con el toque de queda, pero sí quiere que refrende el cierre perimetral en las islas más afectadas).

El suflé del recurso se ha desinflado, y el Supremo solo tiene sobre la mesa los cierres quirúrgicos en un municipio granadino y en las islas de Canarias más afectadas, pero nadie le ha planteado la cuestión del toque de queda nocturno, la que más preocupa por las imágenes de relajación tras el fin de la alarma.

En este clima de frialdad, el Congreso someterá a votación la convalidación del decreto 8/2021, vigente desde el fin del estado de alarma el 9 de mayo. No obstante, este texto incluye la prórroga de varias medidas sociales, que son menos polémicas, como el suministro de gas y agua para sectores vulnerables, la moratoria de los alquileres, o la posibilidad de que el trabajo de los sanitarios jubilados como refuerzo no perjudique sus pensiones. En cualquier caso, lo que sí ha quedado claro es que el apartado referido al Supremo no se ajusta a las necesidades que había planteado un buen número de comunidades autónomas (las del PP pedían un cambio legal para que los territorios puedan limitar la movilidad, el PNV quería prorrogar el estado de alarma, y algunas comunidades autónomas también sugerían mantener ese paraguas).

Dudas en el Supremo
 

Y tampoco el Gobierno español ha sabido generar confianza en el Supremo. De hecho, algunas comunidades creen que podrían salir escaldadas. Consideran que podría ser peor el remedio que la enfermedad, y que la doctrina del Supremo podría acabar siendo más restrictiva. Por un lado, genera incertidumbre la incomodidad de los propios jueces de la sala de lo contencioso del Supremo por la gestión unilateral de esta iniciativa desde Moncloa. El presidente de la sala, César Tolosa, avisó de que los jueces no están para gobernar. Tampoco contribuyen los plazos para la toma de la decisión, de unas dos semanas, que provocan que la resolución pueda llegar demasiado tarde en una pandemia que evoluciona y cambia a peor o mejor a un ritmo vertiginoso.

Por otro, los precedentes del propio Supremo no ayudan, porque frenó en su momento la intención de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20.00 al margen de las franjas horarias del estado de alarma. Cuestionaba, de esa forma, la capacidad de maniobra de las comunidades al margen del estado de alarma. Es significativo que, precisamente, ninguna comunidad autónoma, de momento, haya recurrido el toque de queda al Supremo.

Todo ello, ayudado por la interpretación de algunos superiores de justicia, que creen que los botellones se pueden impedir sin necesidad de una medida tan drástica como el estado de alarma, que no sería proporcional. El Gobierno español cree que sería matar "moscas a cañonazos". Pero la capacidad de control de los botellones por parte de las fuerzas policiales es más efectiva con un toque de queda, con un número anecdótico de personas en la calle y menos puntos críticos que vigilar; mientras que, sin el toque de queda, cualquiera puede encontrarse en la calle a cualquier hora, el campo de posibles infracciones es mayor, y crecen las posibilidades de que los botellones escapen a sus ojos.

En la CAV, Nafarroa y Canarias se quería mantener el toque de queda y los tribunales superiores lo han tumbado, pero no recurrirán esta medida al Supremo. La vía del recurso se había puesto sobre la mesa desde La Moncloa para las comunidades que tenían este problema con sus tribunales superiores, y el hecho de que no la utilicen hace que pierda buena parte de su sentido. Para el PNV, debería haberse prorrogado el estado de alarma, y cree que los próximos quince días serán determinantes para ver si el virus remite o exige actuar.

Dos decisiones
 

El Gobierno vasco no recurrirá al Supremo ninguna actuación para evitar un laberinto judicial. El Tribunal Superior de Justicia le ha tumbado el toque de queda nocturno, el cierre perimetral autonómico y de los municipios más afectados, y la limitación de las agrupaciones sociales a cuatro personas. Las únicas cuestiones que verá de momento el Supremo son el cierre perimetral por islas en Canarias, y el cierre del municipio granadino de Montefrío, planteado por Andalucía por superar una incidencia acumulada de mil casos por 100.000 habitantes. No tendrá que decidir sobre el toque de queda porque nadie se lo ha planteado. Y tampoco se ha puesto sobre la mesa un cierre perimetral general de toda una comunidad autónoma, sino cierres quirúrgicos y en determinadas localidades o, en el caso canario, determinadas islas que se encuentren en el nivel 3 o 4 de alerta.

Varias comunidades no han necesitado acudir al Supremo, como Galicia, que ha conseguido que su superior de justicia le avale todas las medidas, incluidos el toque de queda y el cierre de los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes. En Baleares y la Comunidad Valenciana, la justicia ha permitido el límite de la movilidad nocturna. Otras comunidades, como Catalunya, finalmente pusieron el listón más bajo, plantearon restricciones más livianas y renunciaron al toque de queda, de manera que no se han encontrado con escollos importantes. El Supremo, aunque quejoso, había mantenido contactos con los superiores de justicia para coordinarse y actuar con celeridad, aunque finalmente parece que tendrá menos trabajo del que esperaba. El PNV había pedido prorrogar el estado de alarma, aunque se abría a una reforma legal para la que cree que ya no queda tiempo. Rechaza enredar con el recurso al Supremo.

El Supremo podría pronunciarse esta semana sobre el recurso del Gobierno canario para el cierre perimetral de las islas, según informó ayer Efe. Sería la primera restricción en la que el Supremo unificará criterios, aunque primero habrá que conocer, como muy tarde el martes, el criterio de la Fiscalía. El PP y Ciudadanos, por su parte, preguntarán a Sánchez en el pleno de control del Congreso por su decisión de ponerse de perfil y dejar las decisiones en manos de los jueces tras el fin del estado de alarma. Este miércoles, Casado preguntará a Sánchez por qué se niega a aprobar el plan B jurídico para luchar contra la pandemia, una modificación de la legislación sanitaria de 1986 que ha registrado el propio partido de Pablo Casado. De hecho, han pedido por carta a la vicepresidenta Calvo que agilice su tramitación. De todos modos, partidos como el PNV creen que ya no hay tiempo. La líder de C's, Inés Arrimadas, también preguntará a Sánchez por la dejación de funciones que percibe en su actitud.

Amenazas de muerte. El PSOE ha llevado al Congreso una iniciativa para que condene las amenazas de muerte que han recibido los cargos públicos, especialmente durante la campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid; así como los discursos de odio. Plantea reafirmarse en los valores constitucionales. Odón Elorza ha registrado una proposición no de ley tras las cartas con balas que recibieron cargos como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aunque también por los altercados en un mitin de Vox en Vallecas. En su texto no se alude a Vox expresamente, pero sí mencionan el "discurso de odio practicado por un partido político".

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