Conde-Pumpido se aparta de los recursos contra el fallo del 'procés'

En la controvertida conferencia Conde-Pumpido manifestó su "preocupación" por los hechos que entonces se estaban produciendo en Catalunya y los calificó de "pretensión de subvertir el estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia". "Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada de la villa y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que -esta sí- ha sido mayoritariamente aprobada", afirmó el magistrado y ex fiscal general del Estado.

Entre sus precupaciones apuntó temas como la posibilidad de que las autoridades autonómicas facilitaran "la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Añadía Conde-Pumpido, en relación con las leyes de desconexión, que al ser aprobadas líderes independentistas se "han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común". "Y véase que el propio Tribunal Constitucional utiliza la expresión se han alzado, que es una expresión que también figura en tipos relevantes del Código Penal".

Conde-Pumpido decide apartarse "a fin de garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas". Lo hace, sostiene, "con el propósito de reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal Constitucional (...) destacando de nuevo la singularidad política y social del objeto de los recursos presentados por los demandantes en relación con su enjuiciamiento".

En su escrito al presidente del TC, Juan José González Rivas, donde le comunica formalmente su abstención en los recursos de amparo presentados contra la sentencia del Supremo; el magistrado señala que "es conocida y pública la controversia constitucional, social y política que ha ocasionado el enjuiciamiento penal" de las decisiones del Govern y el Parlament en favor de la independencia unilateral. Y que "esta circunstancia excepcional impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar fundadamente las resoluciones que habrán de ser dictadas".

Niega prejuicios

El magistrado sí se defiende negando cualquier prejuicio sobre la culpabilidad de los demandantes. "No pretendí anticipar un juicio de culpabilidad penal sobre las decisiones parlamentarias allí analizadas, sino únicamente dar cuenta de su ilegitimidad constitucional; una conclusión que había sido ya expresada por el Constitucional actuando como tal", zanja. Por último, destaca que "determinadas actuaciones que pudieron considerarse relevantes en el procedimiento penal ya habían sido declaradas constitucionalmente ilegitimas, como las leyes del procés, por tanto, "no cabe confundir la ilegitimidad constitucional de una conducta con su relevancia penal".