BILBAO - Perpinyà, ubicada en la llamada Catalunya Nord, actual departamento francés de Pirineos Orientales, será el próximo destino de Carles Puigdemont, al menos para participar en una movilización convocada por el Consell per la República, organismo liderado por el president en el exilio. Después de que se haya barajado esta ciudad como opción para que el exJefe del Govern situara allí su nueva residencia abandonando Waterloo, toda vez que la reciente sentencia europea le ha allanado el camino para ejercer como eurodiputado, la pretensión del Consell, que está coordinado por Toni Comín, es "celebrar todas las victorias judiciales y políticas que el independentismo catalán ha logrado en los últimos tiempos". De esta forma se aleja la idea de que el 13 de enero pueda celebrarse una concentración en Estrasburgo, fecha y lugar en que los dos dirigentes soberanistas asistirán al primer pleno del Parlamento Europeo en su condición de europarlamentarios.

En el actual escenario estiman que "la decisión de las instituciones europeas ya se ha producido en el sentido esperado" y consideran que ahora la pelota se encuentra en el tejado de la Justicia española, cuestionada desde Europa. "La prioridad de cualquier movilización debe ser exigir que esta postura sea respetada y acatada por parte de las instituciones españolas", de manera que "ahora es ante estas instituciones donde hay que reclamar justicia", sostienen.

El reconocimiento de la condición de eurodiputados y, en consecuencia, de la inmunidad de Puigdemont y Comín les permite, en teoría, circular libremente por todos los países de la Unión Europea, de forma que con este acto el Consell buscará "denunciar la represión de la que son víctimas los dirigentes políticos y sociales del movimiento independentista", en alusión también a la situación de Oriol Junqueras, y "retomar la lucha democrática que nos permita culminar el camino iniciado el 1-O". Ahora bien, por recomendación de sus abogados, Puigdemont y Comín no tienen previsto pisar suelo del Estado español, aunque sí se aproximarán a la frontera con Catalunya en esta movilización que aún no tiene fecha fijada.

El organismo que encabeza Puigdemont no se opone a que haya otros eventos que se puedan organizar desde la sociedad civil el 13 de enero en Estrasburgo, pero los sitúa "en ejercicio de su libre iniciativa". En caso de que se convoquen contarán con la presencia de los miembros del Consell y del Govern que sean invitados, pero advierten de que el expresident y Comín únicamente podrán asistir en el momento en el que no se esté celebrando la sesión parlamentaria.

El Consell per la República se congratula en su nota de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de Junqueras, que permitirá que "la condición de eurodiputada próximamente también se hará extensiva, con toda probabilidad, a la consejera Clara Ponsatí", augura. Un horizonte que describe como "una victoria rotunda" para los candidatos directamente afectados y, "sobre todo, para los casi dos millones de ciudadanos y ciudadanas de Catalunya que les votaron", extendiéndose a "los 500 millones de ciudadanos europeos que, con esta sentencia, constatan que la democracia ha quedado preservada, consolidada y fortalecida" en la UE.

En este contexto, la Fiscalía ha planteado al Tribunal Supremo (TS) que pida al TJUE que aclare si Puigdemont y Comín pueden ser eurodiputados sin el requisito de acatar la Constitución que establece la LOREG. El ministerio público expone su inquietud en un escrito, con fecha de 23 de diciembre y firmado por el fiscal Pedro Crespo, dirigido a la sala contencioso administrativa del Supremo, reconociendo que la resolución europea despierta "dudas razonables" sobre si la obligación de acatar la Constitución española que establece la LOREG puede considerarse "un requisito exigible para la plena adquisición de condición de eurodiputado" en el Estado español.

O si, incluso, este requisito podría resultar "contrario al Derecho de la Unión, por no ajustarse al sistema de sufragio universal y directo que rige las elecciones al Parlamento Europeo", razona el fiscal. Puigdemont cree que el Supremo tiene la "obligación" de levantar su orden nacional e internacional de detención y archivar la causa abierta contra él desde noviembre de 2017. En este sentido ha pedido también que, si la causa sigue adelante, el Supremo aparte al instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, por falta de imparcialidad.