BILBAO - Todo apunta a que el embrollo judicial en el que se ha convertido la exhumación de Francisco Franco puede terminar en los próximas días ya que, según apuntan desde la judicatura, el Tribunal Supremo (TS) decidirá el próximo día 24, partir de las 10.00 horas y a puerta cerrada, si avala el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, una promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez que el Supremo paralizó cautelarmente a petición de los allegados de Franco.
Así, se pondrá fin a un anuncio del Ejecutivo que parecía que se cumpliría en un plazo breve -fue una de las primeras decisiones de Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa en 2018- y finalmente se ha alargado durante quince meses, con un intercambio interminable de recursos judiciales entre el Estado y los descendientes del dictador.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, encargada de resolver sobre la suspensión de la exhumación, ha fijado así para el martes 24 la votación y fallo del recurso por la familia Franco y asociaciones franquistas contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación.
La sala y su ponente -el magistrado Pablo Lucas- deben acordar si autorizan la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos y determinar si una posterior inhumación de los restos debe realizarse en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, tal y como desea el Ejecutivo socialista, o en la cripta de la catedral de La Almudena, lugar elegido por los allegados del dictador.
La decisión gubernamental lleva paralizada desde el pasado 4 de junio, cuando el Tribunal Supremo decidió por unanimidad paralizar cautelarmente el traslado del dictador, que estaba previsto para dicho mes. El órgano judicial justificó la decisión afirmando que evitaba un escenario “extraordinariamente perjudicial”: que una vez exhumados los restos la sentencia definitiva diera la razón a los familiares y determinara que debían permanecer en la basílica del Valle de los Caídos.
En La Moncloa siguen confiando en que el TS resuelva la situación en su favor y dé por fin luz verde al traslado de los restos con dirección al cementerio de El Pardo, localización elegida por el propio Ejecutivo español ante la negativa de los herederos de Francisco Franco a designar un lugar alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, espacio descartado por motivos de seguridad y por temor a que se convierta en lugar de exaltación franquista.
Por su parte, los allegados del dictador, según señalaban en su recurso al Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros, hablan de “vulneraciones de la legalidad ordinaria” supuestamente cometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y hacen hincapié en que ellos no son titulares de la cripta del cementerio de El Pardo-Mingorrubio, sino que es propiedad de Patrimonio Nacional. Asimismo, critican las “prisas” del Gobierno español para llevar a cabo la exhumación mediante un real decreto ley cuando, a su juicio, este no es un “caso de extraordinaria y urgente necesidad”.
