presentado por más de 50 senadores populares

El TC admite el recurso del PP contra la ley de abusos policiales

La admisión no impedirá que desde este mismo mes las víctimas puedan pedir reparación

09.02.2020 | 14:35
La sede del Tribunal Constitucional en Madrid.

La admisión no impedirá que desde este mismo mes las víctimas puedan pedir reparación

Gasteiz - El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra cuatro artículos y la disposición adicional de la nueva ley de víctimas de abusos policiales. El Parlamento Vasco la aprobó la pasada primavera en sustitución del anterior texto legal, que había sido recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy y cuya reforma pactaron el nuevo Ejecutivo de Sánchez y el gabinete del lehendakari Urkullu.

El recurso fue presentado por más de cincuenta senadores populares al entender que esta norma impugnada "puede vulnerar la reserva constitucional de la función jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial, e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia", argumentos muy similares a los esgrimidos cuando se recurrió el texto anterior.

El Alto Tribunal dará traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado, al Parlamento Vasco y al Gobierno de Gasteiz, para que puedan presentarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas. El Tribunal Constitucional dio ayer a conocer que el ponente de la sentencia que se dicte será el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

En todo caso, para cuando llegue dicha sentencia la ley ya habrá entrado en funcionamiento, pues la intención del Ejecutivo vasco es que antes del pleno de Política General del 20 de septiembre las víctimas puedan registrar sus solicitudes de reparación. Solo en el caso de que sea el Gobierno español quien recurre se paraliza de forma cautelar la norma, como ya ocurrió cuando el Ejecutivo de Rajoy apeló al Constitucional.

El PP registró el 15 de julio pasado el recurso contra los cuatro artículos de los cinco de la ley aprobada en abril por el Parlamento Vasco con los votos a favor de los socialistas vascos y del PNV para modificar la norma anterior.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez retiró hace un año ese recurso de constitucionalidad contra la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, y socialistas y nacionalistas se comprometieron a acordar unas reformas para tratar de asegurar la constitucionalidad de la norma.

En el momento de la presentación, el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, consideró que esta norma es una "aberración jurídica" porque una vulneración de derechos debe ser reconocida por los tribunales de justicia y no por un órgano de la Administración, como plantea, que además vulnera a su juicio la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho al honor e incluso la normativa sobre protección de datos.

Entiende el PP que también arremete contra la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, informa Efe. Ayer su secretario general, Teodoro García Egea, aseguró que su partido es "el único que defiende a la Policía y la Guardia Civil", "el único que da la cara" por ambos cuerpos y también "el único que quiere una calles más seguras". García Egea subrayó que el PP decidió impugnar esa ley porque considera que "insulta gravemente a la Policía y la Guardia Civil". El 8 de julio pasado, el Tribunal Constitucional admitió otro recurso presentado por Ciudadanos contra la norma vasca.

También la navarra El Constitucional también ha admitido a trámite el recurso que registraron diputados populares, de Ciudadanos y de Vox contra la ley navarra de abusos policiales, inspirada en la vasca. Los tres partidos coinciden al denunciar que la ley confunde a víctimas con verdugos, ofende a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, blanquea a la banda terrorista ETA e insulta la memoria de sus asesinados y sus supervivientes.

Se trata de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada en el parlamento navarro en primavera y que habría de sustituir a la normativa previa sobre este asunto que en 2018 fue anulada por el Constitucional.

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