bilbao - La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer la prohibición del Ospa Eguna que se celebrará mañana en Altsasu al entender que podría ser constitutivo de un delito enmarcado en los de terrorismo y de otro de odio. El ministerio público atiende la reclamación de la asociación profesional Justicia Guardia Civil y considera que la finalidad del acto “no es otra que generar un ambiente de presión y hostilidad” sobre la Guardia Civil unido a un “clima de terror” entre sus efectivos en Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca. Así “hasta conseguir su aislamiento social y su expulsión” al considerar al instituto armado “como una fuerza de ocupación”.
La Fiscalía, que recuerda que la expulsión de la Guardia Civil es una reivindicación histórica de ETA y que actualmente se sigue llevando a cabo “por cierto sector de la izquierda abertzale”, estima que dichos “ataques públicos” conllevan “un envilecimiento y humillación contra las víctimas” de la organización, las que tienen la condición de guardia civil o sus propios familiares. Y añade que dicho evento “sirve de colofón anual a las numerosas iniciativas contra la Guardia Civil que, de modo continuo”, se realizan en Altsasu, lo que genera un clima social contrario a su presencia y “fomentan un ambiente de presión, odio, acoso e incluso violencia” contra los agentes que trabajan en la localidad.
Esta jornada de reivindicación y movilización contra la presencia de la Guardia Civil en la localidad se celebra desde el año 2010 y tan solo se suspendió en 2017, con motivo del juicio -entonces pendiente de celebrar- contra los ocho jóvenes de Altsasu condenados por la paliza a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas la madrugada del 15 de octubre de 2016.
Este año se celebrará solo unos días antes de que el 18 de septiembre el Tribunal Supremo analice los recursos contra la ratificación de la condena emitida por la Audiencia Nacional contra los ocho condenados, unas penas de entre 9 y 13 años de prisión por delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Algunos de los condenados llevan más de mil días en prisión y todos cumplen su pena actualmente en la cárcel alavesa de Zaballa.
El asunto ha salpicado a la presidenta de Nafarroa, María Chivite, que ante las críticas de la oposición y de algunas asociaciones policiales recordó que Ospa Eguna “se lleva celebrando desde el año 2010, por lo tanto ha coincidido con siete años de Gobierno del PP en España y también durante cinco años de Gobiernos de UPN y ningún gobierno lo ha prohibido”. En declaraciones a RNE denunció la “ instrumentalización de estas cuestiones que no son nuevas”.
La jefa del Ejecutivo navarro aclaró que no comparte “ni en el espíritu ni los fines” del Ospa Eguna, pero precisó que “la democracia no puede prohibir un acto porque un colectivo o una asociación concreta estima que los participantes podrían cometer un delito”. - DEIA
