Bilbao - Con el Gobierno vasco carburando a todo gas en lo que al cumplimiento de sus compromisos se refiere, es en la acción legislativa en el Parlamento Vasco donde se bate el cobre por su situación de minoría. Así, tras un comienzo de legislatura renqueante en el que tan solo había aprobado cinco proyectos de ley, el arreón que se ha producido antes del verano ha elevado a nueve esa cifra, lo que ya supone un tercio de las 28 leyes comprometidas, entre ellas la largamente postergada quinta modificación de la Ley de Policía. En total han sido 18 las leyes remitidas al Parlamento tras pasar por el Consejo de Gobierno, nueve de ellas ya aprobadas. El listón lo marcan las 16 leyes que se aprobaron en la primera legislatura de Iñigo Urkullu, que arrancó a finales de 2012.
De esos 18 proyectos que iniciaron el trámite parlamentario, trece lo hicieron como proyectos de ley y cinco como proposiciones de ley de los dos partidos que forman el Gobierno, PNV y PSE. El total de leyes aprobadas con Urkullu al frente de Lehendakaritza es de 25, pero el grado de cumplimiento del calendario legislativo es mayor. Ello se debe a que, una vez un proyecto es aprobado por el Consejo de Gobierno y registrado en el Parlamento, se considera como un objetivo conseguido. El recorrido posterior ya no depende de la suma PNV-PSE y ahí entra en juego el trabajo parlamentario para sumar apoyos, lo que se logró por ejemplo el 27 de junio al conseguir la adhesión del PP a la Ley de Policía frente al rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
La legislatura comenzó con la aprobación de las leyes de Puertos y Transporte Marítimo; Formación Profesional; y Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas, junto a la modificación de la Ley contra el Dopaje en el Deporte y del Plan General de Carreteras. Poco antes del final del primer semestre de este año, el balance ha mejorado notablemente con la Ley de Policía; de Patrimonio Cultural; el Plan Vasco de Estadística; y la ley de abusos policiales. Esta última fue una modificación parcial de la que se aprobó en 2016 y que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, recurso que fue después retirado con Pedro Sánchez en Moncloa. El 4 de abril salió de nuevo adelante con el apoyo de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y el voto en contra del PP.
Además, el Gobierno vasco está “trabajando activamente” en otros trece anteproyectos de ley, según se recoge en el documento Resumen de la ejecución del programa de gobierno, al que ha tenido acceso este medio, entre ellos algunos de tanto calado como la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Aquí se incluyen también la Ley de Cambio Climático o la de Educación, y el plazo para su aprobación culminaría con el fin de la legislatura, previsto en septiembre de 2020. Urkullu ya ha expresado su rechazo a un adelanto electoral y su intención de agotar el mandato para desplegar su programa.
Acuerdo sobre la RGI
En este contexto se enmarca la reciente iniciativa de PNV y PSE de reactivar su proposición de ley para la garantía de ingresos y la inclusión, que ambas formaciones metieron en un cajón hace justo un año por falta de apoyos y que ahora, una vez pasado el turbulento periodo electoral, han devuelto al pleno del Parlamento. El PP ha facilitado con su abstención que se tramite la reforma de la RGI, y se prevé que tenga una actitud proactiva mediante enmiendas.
A todo ello hay que sumar las siete leyes presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno desde 2016, todas bajo la forma de proyecto de ley y varias de ellas con el fin de amortiguar una prórroga presupuestaria. Aún cabe añadir otras dos que tampoco estaban contempladas expresamente en el programa legislativo y han surgido de la colaboración entre casi todos los grupos: la Ley de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales y la modificación de la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Además de las leyes se encuentran las iniciativas aprobadas por decreto, lo que está regulado en el Plan Anual Normativo, que se acordó en el Consejo de Gobierno del pasado 12 de marzo. Según el mismo, el Gobierno vasco se comprometió a aprobar este año 126 proyectos por decreto. Pasado el ecuador de 2019, se han aprobado 37 y otros 48 están en fase de tramitación.
Pese a las dificultades, en la primera legislatura del lehendakari Urkullu se aprobaron leyes clave y que llevaban años en la recámara como la municipal, lo que supuso además culminar la arquitectura institucional de la CAV aclarando las competencias de los municipios y apostando por una financiación suficiente para poder ejecutarlas. Otras normas destacadas fueron las de Derecho Civil, por la luz que arrojó en la normativa de herencias, y la ley del Instituto de la Memoria Gogora, uno de los puntales de Urkullu.
