bilbao - A pesar de la imagen de inoperancia que se ha trasladado sobre el grupo de juristas que redacta el nuevo estatus de autogobierno, este equipo de expertos tiene un plan de trabajo pautado para completar el texto articulado. Y ese calendario, además, recoge que abordarán a la vuelta del verano, en septiembre, dos capítulos que van al meollo del debate y al modelo bilateral que se está estudiando para propiciar una relación de igual a igual con el Estado que impida la vulneración del autogobierno: son el capítulo de las competencias y el de los poderes, el tercer y cuarto punto de las bases pactadas entre el PNV y EH Bildu. Esa fase será relevante y compleja porque los socialistas creen que no se puede blindar el autogobierno sin abordar antes una reforma constitucional. Pero también es cierto que el jurista designado por el PSE, Alberto López Basaguren, está teniendo un papel muy activo en la vida pública impulsando manifiestos a favor del federalismo y la revisión constitucional, de manera que este debate le ocupa y le preocupa y está lanzando propuestas concretas que pueden abrir la vía al acuerdo. El PNV cree que basta con la percha de los derechos históricos.

EH Bildu ha criticado el ritmo de trabajo de los juristas y ha visto una mano negra y una voluntad dilatoria del PNV detrás de la prórroga decretada hasta el 30 de noviembre. Los juristas han tenido escaso derecho a la defensa, por la discreción de los otros partidos y el compromiso de confidencialidad, pero poco a poco distintos portavoces políticos van saliendo a la palestra para poner en valor su labor, como han hecho ya el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE. Ayer, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguró en Euskadi Irratia que los juristas han elaborado un “plan de trabajo” y su intención es que, en septiembre, se aborden los capítulos de “las competencias y los poderes”. “Si se dan pasos en esas áreas, el texto quedará muy adelantado y completo, y consensuado de manera amplia”, defendió. Erkoreka puso en valor el acercamiento que se ha producido en los capítulos de los derechos sociales y la acción exterior en Europa, con la participación del jurista designado por el PSE. No entendió que se le reste entidad porque “el principal debate presupuestario ahora son los derechos sociales”. “Y se ha logrado un consenso muy amplio entre juristas”, dijo.

EH Bildu criticaba que no se haya entrado en el núcleo político. Se hará en septiembre. El capítulo de las competencias, dentro de las bases pactadas por el PNV y EH Bildu, recoge el blindaje del autogobierno y la puesta en marcha de la Comisión Mixta del Concierto Político, una idea que tiene la paternidad del lehendakari. Esa comisión juntaría a ambos gobiernos para abordar los conflictos desde el diálogo político y, por ejemplo, vería las leyes estatales conflictivas antes de aplicarlas en suelo vasco. Con ese nuevo modelo, el Tribunal Constitucional quedaría como ultimísima instancia, y debería añadir una sala paritaria especial para tratar los conflictos de competencias, para que no actúe como un árbitro de parte que beneficie al Estado. Además, se mencionan como competencias exclusivas, entre otras, la lengua, cultura, educación, sanidad, seguridad, empleo público y el Concierto Económico. Se cita también la capacidad de convocar referendos. Esa es la base del sistema confederal que se plantea.

poder judicial En el capítulo de los poderes, destaca la mención al poder judicial. Ahí el acuerdo no fue total con EH Bildu. El PNV defiende que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sea la última instancia de casación, salvo cuando se trate de doctrina dictada por el Estado, donde la instancia de referencia será el Supremo. Quedarían por abordar el régimen económico, las disposiciones, y el preámbulo y el título preliminar, donde aparece la controvertida nacionalidad vasca. Los partidos esperan que se avance lo máximo posible, de modo que, si no diera tiempo a cerrarlo todo esta legislatura, pudiera retomarse con facilidad en la próxima.