BILBAO - Ciudadanos consumó ayer su amenaza y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política entre 1978 y 1999, más conocida como ley vasca de abusos policiales. Los dirigentes del partido naranja que se personaron en las puertas del alto tribunal de garantías defendieron que el objetivo del recurso es que “nadie se atreva a tergiversar la historia de lo que fue ETA realmente, asesinos de la peor calaña”. La impugnación, que deberá pasar el filtro de la admisión a trámite, se añadiría al recurso contra la misma norma interpuesto por el sindicato policial SUP, cuya resolución está pendiente en el Tribunal Supremo.
En declaraciones a los medios de comunicación tras registrar el recurso, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso Joan Mesquida calificó esta ley de “infamia” para las víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sistema judicial y todos los ciudadanos españoles.
Por un lado, Mesquida denunció que la norma siembra dudas sobre la actuación de Policía y Guardia Civil, pero también vulnera, a su juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que “en democracia, quien determina si han existido o no abusos son los jueces y no puede ser que lo determinen miembros de una comisión política integrada por el PNV y Bildu”.
Ciudadanos también considera que la ley es una “infamia hacia todos los españoles que confían en las instituciones democráticas y también hacia las víctimas del terrorismo en general y de ETA en particular”.
comisión de expertos El partido de Albert Rivera, que no acompañó a sus compañeros en el registro del recurso, cree que con esta ley vasca de abusos policiales el Gobierno de Pedro Sánchez “debilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y por eso cree que el recurso de inconstitucionalidad tenía que haber partido del propio Ejecutivo español, “si no fuera porque se ha entregado a los que quieren romper este país”.
Aunque Mesquida subrayó que confían en que el Constitucional impida la aplicación de esta ley, también advirtió de que, en caso contrario, “se produciría una situación muy peculiar, que es que los que apoyaron a ETA serían los que determinarían si han existido o no abusos, desprestigiando así el trabajo de la Policía y la Guardia Civil”.
Tras subrayar que “ETA ha sido derrotada”, Mesquida censuró que la democracia tiene todavía cuentas pendientes, entre ellos “aclarar los crímenes sin resolver y que los culpables paguen, y estar muy vigilantes para que nadie se atreva a tergiversar la historia de lo que ETA fue realmente, que nadie quiera hacer pasar a los etarras como luchadores por la libertad, sino como lo que son, asesinos de la peor calaña”.
Mientras estos recursos judiciales siguen su curso, tras la aprobación de la ley en el Parlamento Vasco el pasado mes de abril, el Gobierno Vasco abrirá este mes de junio el plazo para recibir solicitudes de las posibles víctimas de abusos policiales.
Será a partir de entonces cuando se puedan evaluar de manera oficial las peticiones por una comisión de expertos que está integrada por diez personas. Entre ellas se encuentra el prestigioso forense Paco Etxeberria, además de la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, tres personas nombradas por el Parlamento (además de Etxeberria, Juana Balmaseda y Eloína Mayo), tres propuestas por Jonan Fernández (Jon Mirena Landa, Sabino Ormazabal y Luis Salas), y dos peritos y una psicóloga del Instituto Vasco de Medicina Legal (Benito Morentín, David del Valle y Mariam Elizegi).
El recurso de Ciudadanos y el anterior de la SUP se suma a la primera impugnación por parte del Gobierno de Rajoy ante el TC. Con la llegada de Pedro Sánchez se acordaron con el Gobierno vasco algunas pequeñas modificaciones que permitieron salvar al ley. La nueva norma deja claro que se trata de una reparación administrativa de reconocimiento de las víctimas y su dolor. En ningún caso se buscan culpables o esclarecer delitos o hechos suplantando a los jueces. - H. Unzueta
