bilbao - Vuelve el enredo con los decretos sociales de Pedro Sánchez. Tras el respiro que le dio la Junta Electoral al no poner ninguna objeción ante las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes, Ciudadanos encontró ayer otro resquicio para tratar de impedir que el socialista apruebe estas medidas y pueda sacar pecho en puertas de las elecciones generales del 28 de abril. En concreto, ha visto un punto flaco en el decreto que eleva los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas, pero al parecer solo Ciudadanos ve esa pega y su movimiento podría estar condenado al fracaso. El partido naranja, que se ha caracterizado durante toda la legislatura por mantener una posición obstaculizadora junto al PP con todo tipo de triquiñuelas ante las iniciativas que no comparte, ha pedido ahora un informe jurídico a los letrados de la Diputación Permanente para que decidan hoy si se puede cambiar con un decreto una ley orgánica. Para Ciudadanos, no es posible, y ahora arremete contra esta medida aun a riesgo de que su posición sea muy impopular y lo retrate en contra de una medida clave para la conciliación familiar y laboral. Además, es difícil que los letrados le den la razón.

Los socialistas, e incluso la presidenta popular del Congreso, Ana Pastor, según los corrillos políticos, creen que sí hay margen para un cambio por decreto porque el contenido de la ley que se va a cambiar no está protegido por la Constitución española, sino que es ordinario. Desde Podemos, Ione Belarra acusó a C’s de frenar los derechos de la mujer. La agencia Efe reveló que los letrados han avisado varias veces de que, a primera vista, el decreto no es inconstitucional. Sin embargo, desde Ciudadanos, Ignacio Prendes dijo que el decreto es un “atropello”, y que hay que defender el parlamentarismo.

Estas medidas tendrían que entrar en vigor el 1 de abril pero, con la maniobra de C’s, podrían decaer. El partido naranja no tiene garantizada la victoria porque sus argumentos son cuestionables jurídicamente pero, si lo lograse, supondría casi una condena a muerte para estas medidas, porque Sánchez tendría que reconvertirlas en un proyecto de ley que podría quedar a merced de nuevos retrasos en la Diputación Permanente. Todos los proyectos que no estén aprobados caerán automáticamente con la constitución de las nuevas Cortes el 21 de mayo. Además, aunque es posible por el reglamento, es complicado políticamente que, una vez pasadas las elecciones generales, se convoque una Diputación Permanente para aprobar el decreto de la mayoría anterior.

Esta batalla jurídica está provocando que no se conozca siquiera la fecha de convocatoria de la Diputación Permanente para votar este y otros decretos como el del alquiler, las ayudas a parados mayores de 52 años, y el escenario en un Brexit duro. Se espera que todo se acelere a partir de hoy, incluida la búsqueda de respaldos por parte de Sánchez, que de momento no se ha movido demasiado. El PNV, por ejemplo, solo conoce el decreto de alquiler, y también el de las ayudas a parados, pero lo recibió en la medianoche del jueves al viernes pasado, sin margen para incorporar aportaciones antes de la presentación en Consejo de Ministros. La Diputación Permanente se convocará antes del 6 de abril. Los decretos deben convalidarse en 30 días desde su aprobación porque, de lo contrario, decaen.

El líder del PP, Pablo Casado, por su parte, confirmó que llevará al Constitucional los “decretazos de los viernes”. “No se puede gobernar como a uno le sale de los decretos”, lanzó.