BILBAO - Los primeros días del juicio del procés en el Tribunal Supremo han evidenciado los esfuerzos del magistrado Manuel Marchena por trasladar una imagen de proceso garantista y alejado de la política, pese al impacto mediático y a los alegatos de las defensas. El TS se afana así en erigirse en ejemplo de serenidad y eficacia, en una causa con seguimiento a nivel internacional y que se ha convertido en una prueba de fuego para la reputación de la Justicia española.
El juez Marchena ha mantenido las formas en todo momento y a la par se ha mostrado firme tanto con las defensas como con las acusaciones, en particular con los letrados de Vox. El presidente del tribunal no quiere exponerse a que nadie pueda cuestionar las garantías del proceso, teniendo en cuenta que el juicio acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si los procesados son finalmente condenados. En ese afán de trasladar una imagen imparcial y alejada de la política se enmarcan las decisiones de permitir a los acusados lucir lazos amarillos, o no poner objeciones a que Oriol Junqueras ofrezca su testimonio en catalán.
Otro de los objetivos del tribunal es frenar la repercusión de la acusación popular de Vox, encarnada por su secretario general, Javier Ortega Smith. Su presencia en el juicio como era uno de los temas más polémicos por el empujón que le ha supuesto en su proyección pública hasta ahora y el impacto que puede seguir teniendo en el escenario de permanente campaña electoral que se acaba de abrir tras el adelanto de las elecciones generales.
Sin embargo, el globo de Vox se ha ido desinflando desde su primera intervención en el juicio, cuando Ortega Smith protestó por ver a Jordi Sànchez con un lazo amarillo en su solapa y el juez Manuel Marchena, aparte de reprimirle por extralimitarse en su turno, dio vía libre a los acusados para portar el símbolo. El magistrado también dejó claro que no iba a permitir alegatos políticos ni ideológicos ni a defensas ni a acusaciones, lo que se evidenció cuando prohibió a Vox formular las preguntas que los acusados se habían negado a contestar.
Respecto a las defensas, las primeras sesiones han dejado claro que no habrá una estrategia conjunta de los procesados en el juicio. A este respecto, Oriol Junqueras optó por realizar un alegato político en su intervención y rehuir el careo con las acusaciones, mientras que Joaquim Forn respondió al fiscal para rebatirle los delitos que le imputan. Así, Junqueras estableció las bases de su defensa en definirse como “preso político” y asegurar que se le juzga por sus “ideas” en lugar de por los hechos.
Pero la estrategia del líder de ERC dejó algunos silencios. Apenas se pronunció sobre la organización del 1-O (del que la Fiscalía le considera máximo responsable) y sobre la declaración de independencia, asunto clave en el proceso judicial. Forn, por su parte, respondió durante tres horas y media a la Fiscalía, a la abogada del Estado, a su abogado y a varias defensas. Solo obvió a Vox. Y no solo eso, sino que entró de lleno en el asunto de la DUI. El exconseller de Interior afirmó asimismo que “los Mossos siempre cumplieron la Ley” y que “no recibieron nunca instrucciones políticas”. Se esforzó además en subrayar la diferencia entre el Forn dirigente independentista y el Forn al mando de los Mossos. Y no tuvo empacho en usar la palabra “ilegal” para referirse al referéndum porque, como él mismo recordó en esa misma frase, así lo decía un auto judicial.
el factor de la violencia Uno de los asuntos clave en el juicio, y que seguirá dirimiéndose en las próximas semanas, es el factor de la violencia, clave si se quiere probar que los acusados cometieron un delito de rebelión. A este respecto, Junqueras dedicó hora y media a defender el carácter pacífico del procés y la voluntad dialogante del Govern, contrario a cualquier idea que incluyera el uso de la fuerza: “Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia”.
Pero frente al “nunca, nunca, nunca” de Junqueras, la Fiscalía insiste en que la cúpula independentista se valió de “murallas humanas” para impedir la acción policial, con los Mossos “del lado de la rebelión”. Una tesis que negó también Forn, entonces máximo responsable de la Policía autonómica, que afirmó que los agentes advirtieron de que podían producirse “actos puntuales” pero “no una violencia generalizada”. En su alegato al pacifismo, Junqueras se sirvió del despliegue policial en el referéndum del 1-O para afirmar que “votar no es delito” pero en cambio “impedirlo por la fuerza sí lo es”.
Otro aspecto importante es el relativo a la Declaración Unilateral de Independencia ), del 27 de octubre de 2017, clave para la estrategia de la Fiscalía en su defensa del delito de rebelión para nueve de los acusados. En el caso de Oriol Junqueras, solo hizo una mención indirecta al respecto en el último tramo de su declaración. El presidente de ERC habló de dar cumplimiento al mandato de las elecciones de 2015, “con una mayoría clara independentista”, como de buscar una salida “de carácter multilateral”.
Al eludir el interrogatorio del fiscal, Junqueras esquivó sin embargo preguntas que hubiesen exigido más concreción. No así Forn, que aparte de admitir el carácter político de la DUI, explicó que tras ella la Generalitat atisbaba dos únicos escenarios: elecciones o el 155 por el que cesarían en bloque, como así pasó. No había una “una tercera opción”. Es decir, el exconseller de Interior le restó cualquier valor jurídico y limitó su significado al de una mera declaración política.
