SANTIAGO. El Senado de Chile aprobó el miércoles una acusación constitucional contra Andrés Chadwic, titular del Ministerio del Interior durante el inicio de las protestas protestas sociales en el país, que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante cinco años. La decisión, adoptada por 23 votos a favor y 18 en contra, establece una responsabilidad política de Chadwick, primo del presidente chileno, Sebastiñan PIñera, por su gestión de las protestas cuando era ministro. Mientras la Cámara de Diputados descartaba ayer la acusación constitucional contra el propio presidente del país, Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social. La denuncia fue presentada el pasado 19 de noviembre por diputados de la oposición.
Al ahora exministro se le acusó de haber infringido la Constitución y las leyes por omitir medidas eficaces para evitar la violación de derechos humanos, así como de no haber mantenido el orden público. Además, la acusación contemplaba que el entonces ministro pudo infringir la Constitución al declarar el estado de emergencia, que dejó en manos de los militares la seguridad durante los primeros nueve días de crisis, y haber permitido hechos no contemplados durante esa situación. Chadwick se encontraba al frente de la cartera de Interior cuando el pasado 18 de octubre comenzó el estallido social contra el modelo económico neoliberal vigente en Chile, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta ahora han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos. Chadwick fue duramente cuestionado por su papel en la gestión del orden público y destituido por el mandatario diez días después de que comenzara el estallido.
El jefe de los Carabineros de Chile, Mario Rozas, reconoció este jueves la responsabilidad y anunció sanciones para los miembros de la Policía involucrados en varios casos de abusos cometidos por agentes durante la represión de las protestas que comenzaron el pasado 18 de octubre. Rozas informó en una rueda de prensa de que actualmente hay 856 investigaciones sumarias en curso y de que “en algunas se ha llegado a la certeza administrativa de que hay responsabilidad de carabineros involucrados”. Rozas se refirió explícitamente a casi una decena de casos como el del Liceo 7, donde dos alumnas de secundaria resultaron heridas por disparo de escopeta antidisturbios en el interior de un instituto público, o el del carabinero que utilizó a una menor como escudo humano durante las protestas.
