Bilbao - Honduras se encuentra entre los lugares que pasan por ser más inseguros del mundo. La capital, Tegucigalpa, o la gran ciudad del norte, San Pedro Sula, pueden presumir del dudoso honor de contarse entre las de mayor índice de criminalidad de la Tierra.

“Lo más peligroso en Honduras no son las maras o las pandillas. Hay estructuras criminales incrustadas dentro del Estado. Nuestro país cuenta con el récord mundial de asesinato de ambientalistas, con una impunidad increíble. Entre 2010 y 2015 se registraron 115 asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras, la mayoría mujeres. Recientemente se han producido tres asesinatos más, indígenas de etnia Tolupán. Miles de personas huyen cada día”, explica Olivia Marcela Zúñiga.

El próximo 28 de junio se cumple una década del último golpe de estado.“La solución a la situación del país solo la puede dar el pueblo hondureño”. La frase la repite la diputada Olivia Marcela Zúñiga, licenciada en derecho, indígena de etnia lenca, hija de la activista asesinada Berta Cáceres, y amenazada ella misma de muerte a sus 29 años.

Zúñiga describe un país en manos de la oligarquía financiera y los cárteles del narcotráfico que se hallan “incrustados en la administración pública” para apalancar así “su impunidad”. El de su país es un territorio rico en recursos naturales que está siendo vendido a empresas extractivas o hidroeléctricas. “Se están privatizando incluso los cayos y las islas de nuestro caribe, lo que ha provocado la reacción de las comunidades garífonas que viven del mar. Algunos campos de golf están destruyendo lagunas”.

La diputada más joven de la historia del parlamentarismo hondureño remarca que “cada siete horas, una mujer es asesinada. Por todo esto, el activismo internacional, la solidaridad, es fundamental para Honduras: evita asesinatos. Por eso estoy aquí: para que ustedes no quiten sus ojos de Honduras”, subraya.

¿Cuál es la situación en su país?

-Desde el golpe de Estado de 2009, del que el próximo 28 de junio se cumplen 10 años, se ha privatizado el 30% del territorio de Honduras. Lo llaman Zonas Especiales de Desarrollo. ‘Honduras Open For Bussines’: entrega de territorio a cambio de emplear a la gente. Así han implantado proyectos hidroeléctricos y mineros y, amparados por esta situación, empresarios de terceros países compran territorio para dejar su basura y sus residuos. En Honduras, diputados que son accionistas de las propias empresas son quienes aprueban las concesiones. El Proyecto de Ley Berta Cáceres trata de impedir esto.

¿Cómo es posible?

-En realidad, Honduras es un narcoestado sin independencia de poderes ni el imperio de la voluntad de las mayorías. El presidente controla todo; cuando digo todo, es todo, aunque su hermano esté encerrado en Estados Unidos por implicación en narcotráfico a gran escala. La protesta social está muy criminalizada. Pero, a pesar de los pesares, tenemos esperanza de que llegue la justicia.

¿Qué sucede con los procesos electorales?

-Tras las últimas elecciones, el recuento se prolongó durante tres días. Por eso, el problema no es ganar las elecciones, sino sostener ese triunfo. El pueblo hondureño ha iniciado un proceso de resistencia pacífica. Pero el poder de las armas es tremendo. Hace poco asesinaron a un niño. Y, durante unas protestas, arrojaron gases lacrimógenos sobre los estudiantes desde helicópteros que sobrevolaban la Universidad.

¿Puede describir el clima social?

-Los mareros trabajan en el narcomenudeo para los cárteles que han asaltado la institucionalidad pública. La población está en medio de los choques de los cárteles por controlar determinados territorios. Todos los días salen miles y miles de personas en caravanas. Se van juntos para que no los maten en el trayecto. Y están ocurriendo hechos que jamás sucedieron: las mujeres indígenas emigran, con sus hijos, a España, por ejemplo; y desde enero de 2019, los nenes y adolescentes se suicidan en nuestro país; además, detectamos casos de niños que emigran solos. Se trata, prácticamente, de una crisis humanitaria.

¿Existe solución?

-La solución la tiene que dar el pueblo hondureño. Somos un pueblo resistente en un país ocupado militarmente. No solo por el ejército hondureño, sino también por el de Estados Unidos. La base aérea Soto Cano, en Palmerola, es una de las más grandes de Estados Unidos fuera de su territorio. Somos un país estratégico, también para el narcotráfico. Este es el problema de estar en el centro de América. Es muy duro luchar contra los poderosos en un país con tanta impunidad. La lástima es que existen recursos hídricos, petróleo, salida a los dos océanos, bosques... Por eso el golpe de estado y por eso las concesiones.

¿Hay motivos para la esperanza?

-Lo que ha sucedido ahora es que la lucha en defensa de los territorios ha trascendido a los diferentes partidos políticos. Es transversal a ideologías y objetivos. El asesinato de mi mamá sirvió para concienciar a la gente al margen de ideologías.

Según cuenta Olivia Marcela Zúñiga, lo normal en Honduras es que la familia de un asesinado huya, salga del país. Tras el atentado mortal contra su madre, las tres hijas y el hijo de Berta Cáceres regresaron a su país desde México y Argentina. Ahora piden justicia. “A veces, el dolor y la indignación le quitan el miedo a una”, concluye esta indígena lenca, licenciada en derecho, parlamentaria y madre de un bebé.