El Constitucional abre la puerta a la transferencia de la Seguridad Social
El Gobierno vasco celebra que la sentencia del TC reconoce “una deuda” que el Estado “no puede dejar de lado”
bilbao - El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno vasco acerca de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social -una de las reivindicaciones históricas de Lakua, negada hasta el momento por Madrid con el argumento de que rompería la caja única del sistema- y argumentó que es viable siempre que no comprometa la unidad del sistema o cuestione la titularidad estatal de los recursos. Asimismo, insta a que, si el traspaso competencial se va a llevar a cabo, se firmen los convenios oportunos en la Comisión Mixta entre los ejecutivos vasco y español.
El régimen económico de la Seguridad Social es una de las competencias más importantes del Estatuto de Gernika que queda por transferir -junto a la de Prisiones- y ha estado en los últimos años en la agenda de reivindicaciones del Gobierno de Iñigo Urkullu. Sin embargo, no figuraba en el calendario que el Ejecutivo socialista trasladó a la CAV a principios de año, en el que sí aparecía la materia penitenciaria. Ahora, el Constitucional abre la puerta a que la Seguridad Social vuelva a estar sobre la mesa y refuerza el argumentario de Lakua, que ya ha anunciado que la va a exigir de ahora en adelante.
El TC considera viable la transferencia en una sentencia en relación con dos recursos presentados por el Gobierno vasco relativos a la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la gestión de ayudas a jóvenes para formación y aprendizaje, y a la regulación por parte del Estado del subsidio extraordinario de desempleo.
Respecto a las ayudas juveniles, el alto tribunal da la razón a Euskadi y declara la incostitucionalidad y nulidad de los apartados que atribuyen al SEPE la gestión de dichas prestaciones, ya que corresponde en principio a las comunidades autónomas, salvo que concurran circunstancias excepcionales.
Es en el segundo recurso, el relativo a los subsidios para desempleados, en el que el Constitucional responde al planteamiento del Ejecutivo vasco de que la gestión de estas partidas corresponde a la CAV porque el artículo 18 del Estatuto de Autonomía le atribuye la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Frente a esta argumentación, el tribunal admite que es viable que dicha competencia se materialice, siempre que se cumplan condiciones relativas a la uniformidad del sistema.
Así, por un lado, la sentencia indica que la transferencia del régimen económico a Euskadi no puede “comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos”. Por todo ello, la gestión autonómica, en caso de producirse finalmente, debe conciliarse “con las competencias exclusivas que sobre la gestión del régimen económico la Constitución ha reservado al Estado, en garantía de la unidad y solidaridad del sistema”.
De cualquier manera, y pese a los condicionantes que pone sobre la mesa para que se produzca la transferencia, el Tribunal Constitucional no descarta en ningún momento que esta pueda materializarse e incluso emplaza a las partes -las administraciones española y vasca- a llegar a un acuerdo al respecto a través de la Comisión Mixta de Transferencias, cuyas reuniones han encabezado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka. En esa línea, la sentencia emplaza a que se suscriban los “oportunos convenios” sin los que la materia no puede ser transferida a la CAV.
Asimismo, recuerda el tribunal que en otras de sus sentencias ya ha apuntado que el correcto funcionamiento del sistema descentralizado depende “en buena medida” de que “el Estado y las comunidades autónomas desarrollen fórmulas racionales de cooperación, acuerdo o concertación”. Añade que esa responsabilidad no incumbe al Constitucional e insiste por ello en que se desarrolle en las comisiones mixtas, “que son las llamadas a ello por el propio Estatuto”.
lakua la exigirá desde ya El Gobierno vasco se pronunció sobre el fallo a través de Josu Erkoreka, que aseguró que toman “en consideración” la sentencia y van a “exigir” la transferencia en las conversaciones con el Estado. A su juicio, el Ejecutivo español, “sea de un partido u otro”, no puede “dejar de lado” el criterio del Constitucional. “Ahora no nos pueden decir que no se puede hacer nada, deben reconocerlo necesariamente, porque es el propio Constitucional el que les ha ordenado que deben introducir esa cuestión en la lista de transferencias y entre los temas a tratar en la Comisión Mixta”, argumentó.
Asimismo, Erkoreka interpreta que la sentencia reconoce que el Estado tiene “una deuda” con Euskadi en materia transferencial y recordó que la competencia del régimen económico de la Seguridad Social está en la disposición transitoria quinta del Estatuto que recoge que se establecerán “los oportunos convenios” mediante los cuales la CAV asumirá la gestión de este ámbito. De cualquier manera, y a pesar del fallo de ayer, el proceso de transferencias está paralizado hasta que no se resuelva la investidura y el Gobierno de Pedro Sánchez deje de esta en funciones, por lo que los plazos pueden dilatarse en el tiempo.
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