La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma la condena de seis años y medio de prisión y una multa de 2.160 euros impuesta previamente por la Audiencia de Bizkaia a un ertzaina por tráfico de drogas y descubrimiento y revelación de secretos.
Al mismo tiempo, otra persona también fue condenada en el mismo procedimiento por la Audiencia vizcaina a siete años y medio de prisión por tráfico de drogas. Según informan fuentes judiciales, la audiencia vizcaina consideró que hubo "abundante prueba directa e indirecta” para concluir que ambos se dedicaban al tráfico ilícito de drogas y que los 54 kilos de cocaína ocupados en la casa del agente los “iban a destinar ambos conjuntamente a su distribución y venta a terceros” por “distintos municipios de Bizkaia”.
Ambos recurrieron ante el TSJPV alegando, entre otras cuestiones, que habían sido condenados en base a una investigación que derivaba de una escucha declarada ilícita por los tribunales. En este contexto, el TSJPV recuerda que, excluida esa escucha, el resto de la prueba practicada ha cumplido “con los requisitos para ser considerada válida” ya que las razones que llevaron a la investigación de ambos y a la entrada en el domicilio del agente “son justificadas y se amparan en órdenes judiciales lícitas”.
"Sospechoso de colaborar con el tráfico de drogas"
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco añade que el ertzaina fue identificado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Autonómica “como sospechoso de colaborar con el tráfico de drogas” y que la Guardia Civil obtuvo “indicios” contra él “en escuchas telefónicas lícitas que fueron puestas en conocimiento de la Ertzaintza”.
El TSJPV explica además que confirmada la existencia de una fuente independiente que justifica los seguimientos y escuchas realizadas al ertzaina, la manera en la que el otro condenado “entró” en la investigación “es igualmente lícita, en tanto deriva de la investigación realizada” al primero.
Además de las penas de cárcel, la Audiencia de Bizkaia impuso a cada uno de los condenados el pago de una multa de tres millones de euros, entre otras medidas, todas ellas confirmadas ahora por el TSJPV en una resolución que no es firme y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
