Dos denuncias interpuestas en Bilbao destapan un grupo criminal, cuyos dos cabecillas –un hombre y una mujer– han sido detenidos, dedicado a la explotación sexual de mujeres en Logroño que ha permitido liberar a siete mujeres, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso. Las víctimas eran mujeres jóvenes de Brasil en situación de especial vulnerabilidad que tras ser captadas mediante engaño eran forzadas a prostituirse en pisos prostíbulo.
Según confirman fuentes de la Policía Nacional, el entramado las forzaba a mantener relaciones sexuales con menores, a consumir sustancias estupefacientes y a no rechazar ningún servicio aunque estuvieran con la menstruación.
La investigación arrancó en junio del año pasado en Logroño después de que se interpusiese una denuncia sobre un posible caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, poniendo de manifiesto la existencia de una posible red organizada. De forma simultánea se interpusieron otras dos en Bilbao. Las pesquisas policiales permitieron detectar una organización criminal estructurada y jerarquizada con un reparto específico de funciones, dedicada a la captación, traslado, control y explotación sexual de mujeres.
Selección de mujeres
El proceso de captación se iniciaba en Brasil, donde se elegían a mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, necesidad y precariedad económica. Esta circunstancia aumentaba la probabilidad de aceptación de las falsas ofertas laborales que la organización ofrecía en el Estado.
Una vez captadas, las víctimas eran puestas en contacto telefónico con la principal cabecilla de la red. Ella informaba a las mujeres sobre supuestos trabajos y les ofrecía cubrir los costes de viaje en caso de que no dispusieran de recursos económicos suficientes. Estos gastos se convertían posteriormente en una deuda que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución.
Las víctimas eran llevadas a un domicilio de Logroño y, como medida de control, se les retiraba el pasaporte, que quedaba bajo custodia de la líder de la organización y solo se les devolvía una vez cancelada la deuda adquirida. Desde allí acudían a otro inmueble cercano utilizado como piso-prostíbulo, donde se llevaba a cabo la explotación sexual.
Modus operandi
Las víctimas estaban sometidas a normas estrictas y abusivas. La organización criminal, que se quedaba el 50% de los beneficios, las obligaba a estar disponibles en una jornada ininterrumpida de 10.00 a 23.00 horas, sin posibilidad de abandonar el piso salvo para servicios externos. Tenían prohibido cocinar, por lo que se veían obligadas a solicitar comida baja en calorías a domicilio, ya que no podían ganar peso para resultar "más atractivas a los clientes".
Fuentes policiales confirman que los servicios sexuales eran impuestos por el entramado sin posibilidad de que las mujeres pudieran rechazar ninguno de ellos, incluso aquellos que solicitaban los clientes sin preservativo o durante los periodos de menstruación. Además, las víctimas fueron obligadas en alguna ocasión a mantener relaciones sexuales con menores de edad.
Una vez finalizada la fase de investigación se puso en marcha un operativo en Logroño que permitió la detención de dos personas, la principal investigada y su pareja sentimental. Durante el operativo se intervino diversa documentación relacionada con la actividad ilícita y 3.400 euros en efectivo, además de localizarse y liberarse a cuatro víctimas que en ese momento estaban siendo explotadas sexualmente. A lo largo de la investigación se han detectado y liberado siete víctimas en total.
