El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, llegó ayer miércoles a Madrid con una intensa agenda política y el ambicioso (y probablemente inalcanzable) objetivo de relanzar el diálogo para que pueda renovarse y reformarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Reynders, que comenzó su visita al Estado español con una reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, entre hoy y mañana viernes se verá con otros cuatro ministros, con el PP, con los presidentes del CGPJ y del Constitucional, con el fiscal general del Estado y con dos asociaciones de jueces. Además, comparecerá en el Congreso y participará en un desayuno con periodistas.
El comisario afirmó antes de viajar a Madrid que los cambios deben ser decididos por los partidos españoles y que lo que él puede hacer es “favorecer el diálogo”. Pero las declaraciones previas de las partes implicadas no permiten vaticinar un acercamiento entre socialistas y populares.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se reúne hoy con el comisario, pidió que “nadie se engañe”, porque la renovación no depende de Reynders, sino exclusivamente del PP, que ha perpetrado un “secuestro” del órgano de Gobierno de los jueces al bloquear su renovación desde hace cuatro años.
Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, asegura que lo que importa es que el PSOE “escuche” la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, para que los doce vocales jueces de ese órgano sean elegidos por los miembros de la carrera.
Catro años en funciones
Reynders llega a Madrid con el informe sobre el Estado de derecho en la UE de 2022 bajo el brazo, un documento que instaba una vez más a España a desbloquear la renovación de un CGPJ que está a punto de cumplir cuatro años en funciones y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia.
El Gobierno español destaca el primer mensaje de ese informe y el PP se centra en el segundo, con lo que las conversaciones están bloqueadas.
Desde el Ejecutivo recuerdan que el actual modelo de elección parlamentaria de los vocales, vigente desde hace 35 años, solo es cuestionado por el PP cuando está en la oposición. Y lo defienden frente a un modelo “corporativo” o “gremial”, ya que se trata de un poder del Estado y deben intervenir las Cortes Generales.
En el trasfondo de esta crisis institucional se encuentra también la incapacidad de los vocales del CGPJ para nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, una tarea que lleva encallada desde hace semanas ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre los bloques conservador y progresista del órgano de Gobierno de los jueces.
