Sánchez solo cumple una condición para la cita con Pradales

El 12 de enero, el lehendakari Pradales cogió su teléfono móvil y escribió un mensaje al presidente del Gobierno español. Quería que Pedro Sánchez se implicara en la negociación de las transferencias pendientes y que hiciera valer los términos que habían preacordado entre ambos. Poco antes, el Gobierno Vasco se había visto forzado a tomar una decisión insólita que le provocó una mezcla de bochorno y enfado: cuando ya había anunciado que la Comisión Mixta de Transferencias iba a firmar el 29 de diciembre el traspaso de las prestaciones no contributivas por cuidado familiar, el seguro escolar y los subsidios de desempleo, se vio obligado a cancelar la cita porque el detalle de la oferta de los técnicos del Estado no encajaba con los compromisos adquiridos entre Pradales y Sánchez. El 12 de enero, ambos gobiernos se asomaban a un segundo aplazamiento que hubiera sido muy difícil de gestionar políticamente. Los mensajes que se cruzaron ese día ambos mandatarios lo evitaron. Ahora bien, Pradales exigió a partir de entonces otra dinámica al Gobierno español para no llegar siempre al día del encuentro con los deberes a medio hacer y contrarreloj. Sin embargo, seis meses después, la historia se repite, hasta el punto de que el lehendakari ha dejado en el aire su reunión con Sánchez de finales de este mes, la Comisión Bilateral de julio.

La relación entre Pradales y Sánchez ha sido visiblemente más fluida que durante la anterior legislatura del lehendakari Urkullu, y se debe, sobre todo, a una cuestión de necesidad pura y dura del presidente español: tras las elecciones estatales de 2023, los votos del PNV sí han sido imprescindibles en Madrid. Ambos han diseñado calendarios y firmado compromisos marco para materializar las transferencias que, sin embargo, han chocado en varias ocasiones con las interpretaciones de algunos cargos de los ministerios, del PSOE o de Sumar. Y el diálogo, como ocurrió en enero, vuelve a tropezar con la piedra de la Seguridad Social, por mucho que esta negociación se haya troceado para que sea más digerible. En concreto, el Gobierno Vasco aspira a acordar en esta fase las mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal y las prestaciones contributivas familiares por nacimiento, riesgos y cuidados; y no está poniendo el foco en las pensiones. Pradales denunció el viernes que el Estado ni siquiera había entregado contrapropuestas por escrito.

Las materias que le quedan al calendario de transferencias son las más delicadas, y la parte vasca era consciente de que el diálogo se iba a poner muy cuesta arriba. Tampoco se le escapa que Sánchez ha vivido un mes aciago por la condena de prisión contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, los informes de la UCO, la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y la retirada del pasaporte a su esposa Begoña Gómez. El PNV intuía que Sánchez no iba a poner todos sus sentidos en el cumplimiento de los compromisos, sino en preparar su intervención en el Congreso de los Diputados y gestionar la situación interna en el PSOE. Los socialistas no tienen bicefalia y Sánchez dirige al mismo tiempo su partido y el Gobierno español. Por ello, algunas voces admiten en privado que ha sido un mal mes para Sánchez, pero el presidente español ya ha comparecido, ha comenzado julio... y la maquinaria no arranca. 

Si la situación es complicada para el PSOE, el Gobierno Vasco acumula por su parte una serie de agravios por el incumplimiento del calendario que lo reafirman en elevar el tono. Y está por ver qué dan de sí los contactos que mantendrá la consejera Maria Ubarretxena en los próximos días sobre los puertos de Bilbao y Pasaia, otra cuestión donde las posiciones están muy enfrentadas. Se desconoce qué movimientos puede hacer el Estado que encajen con las aspiraciones de gestión de la parte vasca en Pasaia, más allá de ofrecer inversiones para que la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa sirva de conexión con otras infraestructuras. El calendario de transferencias está incumplido desde el 31 de diciembre de 2025, lo que también supone que Sánchez no está dando satisfacción a parte del acuerdo de investidura con el PNV. Salvo sorpresa mayúscula, el Estatuto de Gernika afrontará en octubre otro cumpleaños más (47) sin ser completado. 

Esta situación amplifica el malestar del Gobierno Vasco o, al menos, de la parte jeltzale, ya que el PSE sigue defendiendo a su líder federal y poniendo en valor el trabajo realizado hasta la fecha. Además de las competencias que han copado titulares en los últimos días, quedan otras como el Fogasa que paga los salarios en las empresas en quiebra, o los paradores de turismo. Como máximo, a esta legislatura española le queda un año escaso si Sánchez se decide a agotarla y celebrar las elecciones en julio de 2027. Se acaban de acordar otras cuestiones de menor simbolismo político como la competencia para autorizar los centros psicotécnicos del carné de conducir, y las pólizas del sector primario.

Avances en seguridad

En paralelo, hay otras dos cuestiones previas que tampoco se han materializado desde los compromisos que asumieron ambos en su reunión de enero y en la Comisión Bilateral que se celebró en marzo bajo la presidencia de Pradales y Sánchez. En el caso de que se encarrilen y vengan acompañadas de guiños competenciales, pondrían “la alfombra roja” para que la reunión entre ambos mandatarios se produjera a finales de julio, según explican las fuentes consultadas. En público, Pradales se ha referido a ellas como cuestiones “urgentes”. A día de hoy, solo uno de esos hitos está garantizado. Se trata de la Junta de Seguridad, que tendría que haberse celebrado ya en junio para abordar la prohibición del porte de armas blancas y la participación de la Ertzaintza en los informes policiales de las expulsiones, así como el acceso a bases de datos o la autorización del vuelo de drones. Esta es una reunión cuyos preparativos sí están muy avanzados y próximos al apretón de manos, como reveló Grupo Noticias con fuentes del departamento de Bingen Zupiria.

Dependencia, ¿el 23 de julio?

La otra cuestión pendiente es la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico, con el objetivo de concretar cómo va a contribuir el Estado a financiar la atención a las personas que tienen reconocido un grado de dependencia. Hace un año, en abril de 2025, ambos gobiernos acordaron en la Comisión del Concierto que la financiación pasara del 15% al 50% a partir de 2027. Pero ese compromiso se introdujo en el capítulo de las intenciones y había que aterrizarlo. “Si no, se lo lleva el viento”, insistían en privado estos días desde el departamento de Noël d’Anjou, que todavía no tenía fecha para la reunión. Desde el compromiso del año pasado, los equipos de ambas partes han trabajado para perfilar una metodología de cálculo, y la cuestión es que, en principio, el plazo no iba a terminar hasta el 30 de septiembre de 2026, pero se introdujo una salvaguarda para que los tiempos se acortaran en caso de que el Consejo de Ministros aprobase un nuevo reparto en el Estado con rango legal. En ese caso, tendría que celebrarse la Comisión del Concierto en el plazo de un mes. Este matiz es clave, porque el Consejo de Ministros acaba de aprobar el 23 de junio un decreto ley para reformar las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona dependiente, y esa noticia precipita los plazos vascos. Las diputaciones forales lo esperan como agua de mayo y, desde Araba, Ramiro González elevó la presión al Estado este mismo miércoles.

El ministerio de Bustinduy (Sumar) aspira a cubrir el 50% del gasto de las comunidades, una cifra que cuadra con la que pactó la CAV y que habrá que ver cómo se concreta por la vía bilateral, ya que las haciendas vascas son forales y están al margen del régimen general. El Gobierno español anunció que, para finales de 2027, habrá transferido 6.200 millones adicionales a las comunidades, y que el cambio sería estructural y estaría blindado por ley. En cuanto a la CAV, el ministerio promete que, a finales de 2027, las listas de espera para recibir una prestación se habrán reducido en un 47% (la espera caería en 4.153 personas, y entrarían en el sistema 2.631 más). En una nota, la secretaría de Derechos Sociales aseguró este fin de semana que estaba empezando a abonar las cuantías dentro del compromiso general de comenzar a desembolsarlas el 1 de julio en todas las comunidades.

Sánchez busca reactivarse

Pradales no quiere convocar la Comisión Bilateral prevista para antes de agosto si no se van a firmar acuerdos de enjundia. El contexto político no invita a regalar fotos a Sánchez. El PNV ya le lanzó una advertencia el mes pasado para que dotara de contenido a la legislatura más allá de la pura resistencia, y La Moncloa está colocando mensajes en público para proyectar que quiere darle la vuelta a la situación y redirigir el debate público hacia su producción legislativa y no hacia los escándalos. 

Ahí encajaría el inicio de los trámites presupuestarios, con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a las autonomías de régimen común para abordar los objetivos de estabilidad (la CAV, por su régimen foral, ya los tiene acordados de manera bilateral hasta 2028 incluido, con un 0,3% de déficit para el Gobierno Vasco y un 13% de deuda). Otra cuestión muy diferente es que el Congreso, tal y como están las mayorías, sea capaz de validar una senda de déficit. Junts ya la ha tumbado dos veces. Es algo que está en la mente de todos, de ahí el escepticismo y las sospechas de que estos trámites son una mera cuestión de imagen para proyectar que el Gobierno español sigue operativo.

Los jeltzales no disimularon su incomodidad por el rumbo de los acontecimientos en el PSOE, por las investigaciones a referentes socialistas, y por la ausencia de unas Cuentas. Este erial presupuestario complica el relato de Sánchez sobre la continuidad de la legislatura, y priva también a sus aliados de una percha para encajar alguna conquista concreta. En esta legislatura, no se ha aprobado ningún Presupuesto, y el único intento real de sacar adelante unas Cuentas se produjo antes del adelanto de las elecciones catalanas de 2024, y quedó frustrado, de hecho, por esos comicios. 

Marcar distancias

Sabin Etxea ha elevado el tono, pero ha evitado cualquier movimiento que se pueda interpretar como un coqueteo con una mayoría PP-Vox, una línea infranqueable para los jeltzales por la participación de la ultraderecha en esa fórmula. El PNV marca cada vez con mayor nitidez su perfil propio ante PSOE y PP en un momento en que la proximidad electoral invita a exacerbar las posiciones. Por esa razón, ha avisado de que no está para salvar gobiernos, del PSOE o del PP. 

Sánchez sí ha visto cómo Junts se ha sumado a la propuesta del PP para exigirle que se someta a una cuestión de confianza. Por ello, aunque el primer interesado en que los acuerdos de transferencias se produzcan es el Gobierno Vasco porque es la parte que recibe la competencia, que la reunión con Pradales pueda producirse tendría también valor para Sánchez para mitigar la impresión de que la legislatura no da más de sí. En enero, el emplazamiento de Pradales a Sánchez surtió efecto. Lo que ha hecho ahora el lehendakari es lanzar un mensaje público en un desayuno organizado en Madrid por RTVE y Efe, un dato que no es anecdótico. 

La fecha de la Comisión Bilateral (o su cancelación) se va a solapar en el tiempo con el tradicional mitin anual del PNV por el aniversario de su fundación, que esta vez tampoco va a coincidir de manera estricta con el 31 de julio, festivo de San Ignacio, sino que se va a adelantar al lunes 27. La gran incógnita es en qué punto estarán entonces las negociaciones, y qué tono adopta Aitor Esteban.

Siete reuniones entre Pradales y Sánchez

Sin contar los foros multilaterales, el lehendakari y el presidente español se han reunido siete veces en dos años de legislatura vasca. La primera tuvo lugar justo después de la investidura del lehendakari y se produjo en Ajuria Enea el 26 de julio de 2024. Pradales le devolvió la visita el 20 de septiembre dentro de la ronda autonómica de Sánchez. Volvieron a verse cuando presidieron la primera Comisión Bilateral, el 27 de noviembre de 2024. El 27 de febrero de 2025, repitieron entrevista durante la visita de Sánchez a Zamudio para inaugurar la fábrica de ITP. El 15 de julio hubo otra Comisión Bilateral, el 27 de enero de 2026 se vieron en Moncloa, y el 27 de marzo volvieron a presidir la Bilateral.

Los acuerdos cumplidos e incumplidos

Transferencias

Acordadas. Durante la legislatura de Pradales se ha pactado que la comunidad autónoma vasca gestione la ordenación del litoral, la actividad cinematográfica, las autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras, meteorología, el pago de las prestaciones contributivas de desempleo, subsidios no contributivos del paro y prestaciones no contributivas por cuidado familiar, seguro escolar (por primera vez, se asumen funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, recaudación de cuotas y pago), salvamento marítimo, el Centro de Verificación de Maquinaria que guarda relación con la salud laboral, aumentar la voz vasca en los aeropuertos, Vascofin para la cooperación entre el Instituto de Crédito Oficial del Estado y el Instituto Vasco de Finanzas, gestión de las subvenciones por contratación de seguros agrarios combinados, inspección en pesca comercial y recreativa, aumento de las capacidades vascas en formación o habilitación del personal de seguridad privada, competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial y psicotécnicos del carné, y una clarificación competencial para que la Ertzaintza asumiera la vigilancia del orden público en los puertos.

Pendientes. Consciente de que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social es una competencia de envergadura, se ha troceado la negociación y se ha empezado por las mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal y las prestaciones contributivas por nacimiento, riesgos y cuidados. También se negocia una cuestión que corresponde al Ministerio de Trabajo, la gestión del Fogasa, que es el fondo que paga los salarios pendientes en las empresas en quiebra. El paquete completo de la Seguridad Social, que llevaría más tiempo, implicaría crear un ente propio vasco para gestionar las pensiones, pero respetando la unidad de caja y el principio de solidaridad, y actuando como una ventanilla de cercanía. Otras competencias de entidad que están ahora mismo sobre la mesa son los puertos de interés general de Pasaia y Bilbao. El Ejecutivo vasco asume que el de Bilbao no se puede transferir en su totalidad porque forma parte de la red prioritaria europea, y plantea profundizar en la cogestión. Sus pretensiones sobre Pasaia chocan con el Gobierno español. También quedan por acordar los paradores de turismo de Hondarribia (Gipuzkoa) y Argomaniz (Araba), y se está realizando un análisis jurídico para determinar a quién corresponde la competencia sobre el régimen electoral municipal.

Junta de Seguridad

Muy avanzada. Como adelantó Grupo Noticias, los preparativos para celebrar la Junta de Seguridad están muy avanzados y a falta de fecha. Están sobre la mesa la reforma del Reglamento de Armas para prohibir en su totalidad el porte de navajas en lugares públicos, reforzar el papel de la Ertzaintza en los informes policiales que se utilizan para decidir la expulsión de las personas que delinquen con especial gravedad y son extranjeras, y el acceso a las bases de datos, entre otros puntos. En materia de seguridad, al margen de esos tres asuntos que acaparan la expectación mediática, hay otras cuestiones pendientes de ratificación en la Junta como la autorización del vuelo de los drones, la reiteración delictiva, y el acceso de la Ertzaintza al punto único de contacto europeo sobre crimen organizado sin una gestión centralizada.

Dependencia

¿Menos de un mes? Está pendiente la convocatoria de una Comisión Mixta del Concierto Económico para concretar un compromiso de hace un año: que el Estado incremente su participación en la financiación de la dependencia desde el 15% hasta el 50% a partir de 2027. Los grupos de trabajo de ambas partes han estudiado una metodología de cálculo y, en un primer momento, el plazo de referencia para zanjarlo era el 30 de septiembre, pero el acuerdo incluía una cláusula por la cual habría que cerrarlo en el plazo de un mes en caso de que el Consejo de Ministros aprobara un nuevo reparto a nivel estatal con rango de ley. Ha ocurrido el 23 de junio, de modo que podría precipitar una reunión que a la parte vasca le parece urgente.