El hermano de Pedro Sánchez pide anular su juicio tras denunciar una "investigación prospectiva y de signo político"

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva". "La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno español, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa. De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".

"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez. Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos -la UCO analizó varios miles de mensajes-, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción. En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el cual fue adjudicado a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez. A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual "no estaba incluida" en el auto de apertura del juicio.

Argumentación sobre las garantías procesales

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación. "Nadie puede ser llevado a juicio oral" sin ser preguntado en fase de instrucción, ha agregado en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", han declinado presentar cuestiones previas. Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y once investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

Procesamiento

En dicha ratificación, que dejaba sin efecto los recursos de los investigados, se expresaba que la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, que fue adjudicada a David Sánchez entre 2016 y 2017, no estaba justificada ni que fuera personal de alta dirección quien debía prestarla.

Es más, se hacía eco de expresiones referidas a la creación de dicha plaza y recogidas por la jueza instructora, como "premura", "innecesaria" y "disparatada".

Asimismo, respaldaba "las irregularidades" elevadas por Biedma cuando se "disfrazó" el cambio de denominación del puesto de trabajo a jefe de las Oficina de Artes Escénicas y en la relación de amistad entre David Sánchez y Luis Carrero, quien también fue contratado para ocupar la coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, también de la Diputación.

Defensas

Para Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, no se ha acreditado, "ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo" en la creación o adjudicación de los procesos investigados. A su juicio, "los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno, y al no existir delito no se establece régimen de autoría".

La defensa de Gallardo entiende que las acusaciones han sido "elaboradas a partir de puras especulaciones", que su representado no participó en ninguna actuación constitutiva de delito y que fue el pleno de la corporación provincial el que dio luz verde a la creación del citado puesto de trabajo.

Acusaciones

Las acusaciones populares sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé". "Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario", expusieron en su escrito. Entienden que Gallardo conocía que el citado puesto "estaba destinado" a David Sánchez y "participó directamente" en los hechos.