Hacienda atribuye a Aldama un presunto fraude de casi 2,5 millones por los negocios de las mascarillas

La Agencia Tributaria ha atribuido "indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública" presuntamente cometido por el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama, por un importe de casi 2,5 millones de euros, en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Así se desprende de un informe de la Agencia Tributaria, recogido por Europa Press, remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo'. En concreto, el informe señala que la cuota presuntamente defraudada por Aldama asciende a 2.410.748,95 euros, "siendo la cuota exigible 1.624.308,20 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020".

Irregularidades en Soluciones de Gestión

Del mismo modo, la Agencia Tributaria considera la existencia de otro presunto delito contra la Hacienda Pública en Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama y epicentro de la trama de las mascarillas, "al haber minorado la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores".

Según el informe, en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2019, Soluciones de Gestión "ya era conocedora del beneficio que le reportaría la adjudicación de los contratos públicos".

Y manifiesta que en dicha declaración generó una base imponible de 800.000 euros "originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada" y que se "compensó de manera falaz en 2020 para reducir la carga impositiva".

Implicación de socios y operativa

Hacienda apunta al socio de Aldama Juan Carlos Cueto como "el principal interesado en esta minoración de la base imponible". Del mismo modo, Hacienda ha señalado que la compra de una empresa y la "contabilización del deterioro del crédito" frente a otra "constituyeron una acción preparatoria utilizada para minorar los beneficios de Soluciones de Gestión" en el ejercicio de 2020, suponiendo un presunto fraude en Impuesto de Sociedades de 200.000 euros.