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El Gobierno español “aumenta” la voz vasca en los aeropuertos... y después lo vuelve a matizar

Puntualiza a la noche, en una nota mirando a Aena, que el órgano bilateral no es ejecutivo

El Gobierno español “aumenta” la voz vasca en los aeropuertos... y después lo vuelve a matizarDiego Radamés

Estaba prácticamente cantado que, tras anunciarse el acuerdo definitivo y por escrito para que Euskadi participara en las decisiones sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia y para “aumentar su capacidad de propuesta”, iban a llegar los matices. Se confirmó pasadas las 21.30 horas de la noche en una situación un tanto rocambolesca, con una nota de prensa de los ministerios de Transporte y Política Territorial que parece más dirigida a tranquilizar a los inversores privados y al gestor aeroportuario Aena (al que cita varias veces) que a recular realmente en el contenido. 

Si la nota de la propia Presidencia española había dicho a primera hora de la tarde que "aumenta la capacidad de propuesta" vasca y que se activa un órgano de cooperación "reforzada", el Gobierno español matizó a la noche que el órgano bilateral que se ha acordado “funciona por consenso entre las partes”, algo que no sorprende y que incluso reafirma la voz vasca. Pero añade que “carece de competencias ejecutivas”, “no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena, que no forma parte del órgano, y no cuestiona ni altera su autonomía de gestión”. Además, el trámite de informe previo sobre el DORA III, que recoge las inversiones previstas, debe ser adoptado por consenso y “no tiene carácter vinculante”. El Estado tiene el 51% del Consejo de Administración de Aena, pero el presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, lleva meses poniendo límites a esta negociación y defendiendo los intereses del otro 49%, los inversores privados.

La nota asegura que este órgano no supone modificar los mecanismos de aprobación del DORA “y sus elementos principales, incluidas las tarifas aplicadas en los aeropuertos”. “Es una herramienta que mejora la coordinación y cooperación”, zanjan. El comunicado llega tras la reunión del lehendakari Pradales y Pedro Sánchez, y tras las interpretaciones más categóricas de algunos medios de comunicación de Madrid ante el alcance de un acuerdo que abre camino a otras comunidades. Pero el mensaje que se lanzó entonces era que la capacidad vasca aumentaba, dentro de la ley vigente. Es decir, no todo seguía igual.

Los elementos de discusión

En la rueda de prensa, Pradales había definido este órgano como un foro de “colaboración, coordinación y gestión”, con “esas tres palabras”, incluida la gestión. Este debate semántico, en cualquier caso, parece condenado a la discordia, porque el texto del acuerdo habla de “concurrencia, participación y cooperación” (eso sí, habla de participación “efectiva”, no como un florero, posibilidad que rechazó la consejera Ubarretxena). La clave para salir del bucle era explicar sus efectos prácticos. Y el documento facilitado por el Gobierno Vasco habla de “participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas”, en la gestión y la planificación económica y regulatoria, lo que implica hacer “propuestas previas a la elaboración de planes directores” e “informes obligatorios”, con una “incidencia” real en la toma de decisiones. A partir de ahí, el documento incluye una lista de cuestiones que serían objeto de debate en ese órgano bilateral, lo que suponía un cambio de situación para la comunidad autónoma, que hasta ahora no tenía “ni voz ni voto”, como reconoció Pradales.

Esa lista incluye hacer “propuestas previas al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA)”, “seguimiento de tarifas aeroportuarias y del programa de inversiones”, “evaluación de las necesidades de conectividad aérea”, “promoción de nuevas rutas y coordinación con agentes económicos y logísticos”, “impulso de la conexión con otras infraestructuras de transporte”, “promoción de actuaciones urbanísticas y logísticas”... 

El documento recoge igualmente la participación en órganos técnicos estatales y el ya célebre sandbox en Foronda, un proyecto piloto para “mejorar la conectividad, la intermodalidad y el desarrollo económico del territorio”, según el Ejecutivo de Pradales. 

El acuerdo entra en vigor de inmediato, y el órgano aeroportuario tendrá su primera reunión en el plazo de un mes para hablar sobre el DORA III, que recoge una inversión de 469,5 millones para las pistas de la CAV. El área la gestiona el PSE, que estos días, paradójicamente, había rebajado el alcance del pacto.

Seis traspasos y un estudio sobre el régimen electoral local

Además, se han cerrado otras seis competencias. Dicho con trazo muy grueso, el cumplimiento total del Estatuto de Gernika de 1979 quedaría a expensas de un futuro acuerdo sobre las materias más complicadas: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, los puertos de Bilbao y Pasaia, y los paradores de turismo. La próxima reunión será antes del verano o en julio, como confirmó también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Dos de las materias pactadas tienen que ver con el impulso industrial, ya que habrá un marco de cooperación, Vascofin, entre el Instituto de Crédito Oficial del Estado y el Instituto Vasco de Finanzas para agilizar la financiación, y habrá acciones conjuntas en el caso específico de la pequeña y mediana empresa, que son un total de 159.000 en la CAV (13.000 industriales) y representan la práctica totalidad del tejido. También se traspasa la gestión de las subvenciones por contratación de seguros agrarios combinados; funciones de inspección en pesca comercial y recreativa; aumento de las capacidades vascas en formación o habilitación del personal de seguridad privada; y competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial. Torres añadió una séptima, el régimen electoral municipal, pero no está cerrada, y únicamente se habilita una comisión de expertos para dilucidar de quién es la competencia en un plazo de cuatro meses. Los acuerdos de inspección pesquera tendrán aplicación inmediata, los de financiación llegarán antes del 30 de junio, y el resto queda pendiente de una Comisión de Transferencias o Junta de Seguridad. Pradales se declaró satisfecho, pero solo por haber cumplido “una primera fase”. Ahora queda la segunda, y queda lo más complicado.