Cuando el Ministerio de Transportes omitió la palabra “gestión” en su comunicado sobre el preacuerdo con el Gobierno Vasco, surgió la pregunta del millón: ¿Era simplemente una forma más digerible de anunciar ese acuerdo ante las presiones que ejercen los inversores privados del gestor aeroportuario Aena, o realmente el Gobierno español no tiene intención de dar entrada a las instituciones vascas en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia? La pregunta solo se resolverá cuando el Ministerio de Óscar Puente ponga por escrito lo que prometió al Gobierno Vasco en la subcomisión celebrada el lunes en Madrid, donde Ubarretxena anunció un preacuerdo que iba más allá de la pura “participación” o de un papel de mero “florero”, y le concedía un margen mayor de decisión. Mientras se resuelve la incógnita, lo que ha vuelto a quedar patente es que esas presiones contra cualquier cambio en la forma de gestión existen. El gestor aeroportuario, Aena, controlado en un 51% por el Estado y privatizado en el 49% restante, ha enviado una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para hacerse eco del preacuerdo entre ambos gobiernos y reducir el papel vasco a un carácter “consultivo y no decisorio”.
Estas presiones han sido una constante desde que se abrió este melón con la comunidad autónoma vasca, pero también con otros territorios, como las Islas Canarias o Catalunya. El responsable de Aena, Maurici Lucena, dejó claro desde el primer momento que la única propuesta válida desde su punto de vista es mantener la situación actual porque el negocio funciona, y rechazó no solamente la transferencia de los aeropuertos, sino también la cesión de parcelas de gestión a terceros. De hecho, ahora no se está hablando de una transferencia, sino de entrar en la gestión, posibilidad que tampoco acepta Aena. La nota informativa enviada a la Comisión del Mercado de Valores la firma la secretaria del Consejo de Administración de Aena, Elena Roldán Centeno, y su redacción va más lejos que el comunicado del Ministerio, que ya de por sí era problemático porque hablaba solo de “participación” y no de “gestión” de la parte vasca. Aena va más allá y reduce su papel a un nivel “consultivo y no decisorio”. En cualquier caso, no queda claro qué nivel de conocimiento tiene Aena sobre el preacuerdo alcanzado, ya que se refiere a él por su aparición en los medios de comunicación y por el comunicado posterior del Ministerio colgado en su web.
En la carta, con fecha del martes, Aena dice que “los medios de comunicación han informado de la existencia de un acuerdo” entre ambos gobiernos “sobre la participación” de la comunidad autónoma vasca en las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en su territorio. La nota continúa diciendo que Aena “realiza un seguimiento atento, constante y pormenorizado de las decisiones que pudieran adoptarse en relación con los aeropuertos que son propiedad de la compañía, para analizar sus eventuales efectos en la sociedad”. Como resultado del seguimiento, Aena “comunica al mercado que, tal y como aclaró ayer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la nota de prensa publicada en su página web, el acuerdo mencionado no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena, sino que se inserta en el marco de la participación y comunicación de las comunidades autónomas contemplado en la Ley 18/2014, que tiene carácter consultivo y no decisorio”. Aena dibuja una situación gatopardiana, donde hay un acuerdo pero nada cambia. El Ministerio también había enmarcado el preacuerdo en la legalidad vigente y mantenía a Aena como gestor, pero se ahorraba la referencia a que Euskadi iba a tener un papel “consultivo y no decisorio”. Es una referencia que trae a la memoria las críticas que hizo la consejera Ubarretxena a las ofertas “florero” que había recibido el viernes y que rechazó de plano, hasta que el lunes se desbloqueó un preacuerdo.
Derechos "de todos sus accionistas"
Aena insiste en mantener la situación actual. Dice que “ha transmitido en todo momento a las administraciones públicas competentes la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español; la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos –fundamental para el buen funcionamiento de la economía española–; los derechos legales que asisten a sus accionistas (públicos y privados) y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la sociedad (que, en todo caso, han de ser respetados)”. Además, insiste en que, “si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente”, de los derechos de la sociedad y de “todos sus accionistas (públicos y privados)”. El 51%, en cualquier caso, sigue siendo del Estado, y la presidencia de Aena es un cargo al que se accede a propuesta del Gobierno español. En los próximos días se resolverá si hay acuerdo o no, en función del documento final. Si respeta lo prometido, lo firmarán el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez en una Comisión Bilateral antes de Semana Santa. En teoría, debería incluir un órgano bilateral Euskadi-Estado para la “colaboración, coordinación y gestión”, y un marco regulatorio propio y temporal en Foronda.
