El estallido de la pandemia del coronavirus en 2020 obligó al Gobierno español a activar una batería de medidas de protección social, que incluía la suspensión de los desahucios. Ese escudo social se ha ido prorrogando desde el final de la pandemia, y partidos como el PNV han alertado de que habría que empezar a hilar más fino, porque hay otra realidad que se debe tener en cuenta: al margen de los fondos buitres y los grandes tenedores de vivienda que hacen negocio a gran escala con esta cuestión, también existen pequeños propietarios que quizás han heredado la casa de sus padres, o que son pensionistas. Cuando sus inquilinos dejan de pagar el alquiler, la suspensión de los desahucios impide que vuelvan a sacar su casa al mercado, dejan de recibir esa renta y, además, tienen que seguir pagando los gastos de luz, agua, tasas de basuras y comunidad, lo que provoca una segunda vulnerabilidad en este colectivo. Y el PNV ha conseguido que el Gobierno español deje al margen del escudo social a los propietarios de una sola casa, o que tengan en propiedad la vivienda en la que residen y alquilen otra.
La portavoz del Ejecutivo español, la socialista Elma Saiz, confirmó que los propietarios de una o dos viviendas no se verán afectados por la suspensión de los desahucios, de manera que podrán sacar nuevamente su casa al mercado del alquiler si hay impagos, y “corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional” para sus inquilinos. La premisa de este acuerdo es que un pequeño propietario no es el responsable de solucionar o asumir con los ahorros de toda su vida la situación de vulnerabilidad de otra familia, sino que es obligación de los poderes públicos. Según ha podido contrastar Grupo Noticias, se ha modificado el artículo 1 del decreto, el punto que se refiere a las medidas en materia de vivienda, y se ha añadido como matiz que no afectará a los que tienen “dos viviendas o menos”. En el caso de los propietarios de tres o más viviendas, el desahucio no se ejecutará cuando exista un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Estos criterios extienden su vigencia todo este año, hasta el 31 de diciembre.
Críticas de Podemos: "Pobrecitos, solo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad"
Este decreto se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, y lo tendrá que convalidar en el plazo de un mes el Congreso de los Diputados o, de lo contrario, caerá. Este movimiento del Gobierno de Sánchez responde a la presión y la negociación con el grupo jeltzale liderado por Maribel Vaquero. Pero también es una forma de supervivencia del propio Gobierno español y de salvar el decreto ómnibus que fue tumbado con los votos del PP, Vox y Junts. Ese decreto ómnibus recogía la subida de las pensiones y, por ello, Sánchez confiaba en que los demás grupos echaran pelillos a la mar aunque incluyera otras medidas como la suspensión sin matices de los desahucios, que tampoco convencía a Junts. Como la maniobra no tuvo éxito, al Ejecutivo español no le ha quedado otro remedio y ha decidido trocear este decreto en dos: por un lado, un decreto de pensiones; y, por otro, el escudo social para impedir el corte del suministro energético y de agua o los desahucios. Además, el punto de los desahucios se matiza.
El PNV sí respaldó el decreto ómnibus, pero de manera muy crítica. De hecho, exigió un cambio de actitud a Sánchez. Este martes, Vaquero interpretó que el acuerdo alcanzado por el PNV es de “mínimos” y podría salir adelante, porque las mayorías son tan precarias que nadie puede exigir sus “máximos”. La ministra Saiz admitió que no se ha producido ningún diálogo con Junts porque este grupo ha “congelado” las relaciones con el Gobierno español, pero dio a entender que los cambios se han realizado pensando que tendrán el visto bueno de los catalanes. Míriam Nogueras no quiso anticipar su sentido de voto a la espera de ver en las próximas horas la “letra pequeña” en el Boletín Oficial del Estado.
Tras la renuncia al escaño de José Luis Ábalos, al Gobierno español le bastaría con la abstención de Junts... siempre y cuando el resto de socios votara a favor, algo que no va a ocurrir. Sumar, que es el aliado que se sitúa más a la izquierda del PSOE dentro del Gobierno de coalición, no comparte esta excepción con los pequeños propietarios, pero sí la da por buena por la complejidad de la mayoría parlamentaria. El problema es Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, proclamó su “asco absoluto” ante este “pacto criminal”. Belarra se burló de los propietarios que “solo tienen una vivienda para alquilar”. “Pobrecitos, solo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto”, lanzó. Paradójicamente, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se reunirá este miércoles con el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, con quien ya se han alcanzado acuerdos sobre impuestos y Presupuestos en las Juntas.
PP: "Hay derecho a la propiedad privada, pero un poquito solo"
A la ministra Saiz le preguntaron si también tiene el apoyo de EH Bildu, que fue el primer partido con el que pactó la prórroga íntegra del escudo social para este año, un escudo que se ve modificado. Dijo que mantiene un “diálogo abierto” para lograr consensos. Y, en este contexto, la abstención del PP sería clave para salvar el decreto. Su secretario general, Miguel Tellado, aseguró en La Sexta que el acuerdo es una “broma de mal gusto” porque “hay derecho a la propiedad privada pero un poquito solo”, y cargó contra el PNV por este cambio que cree que llega tarde. No mencionó el sentido de voto.
259 solicitudes en la comunidad autónoma vasca
Según las cifras del departamento vasco de Vivienda que dirige el socialista Denis Itxaso, estos años se han registrado 259 solicitudes al amparo del escudo social en la comunidad autónoma, con un coste acumulado de 1.210.590,90 euros. Se desconoce por ahora la afección del nuevo decreto, porque los registros se estructuran por grandes tenedores o no, y no se articulan con la categoría de los propietarios de hasta dos viviendas.
