El Gobierno español pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes

Durante un acto en Madrid centrado precisamente en la regularización del colectivo migrante, la eurodiputada morada, Irene Montero lanzó una frase que resume el alcance político y simbólico del acuerdo: “Si ellos siembran miedo, nosotras damos derechos”. Podemos acababa de sellar con el PSOE un pacto para que el Gobierno Sánchez apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, una medida que podría beneficiar a más de medio millón de personas y que verá la luz este martes en el Consejo de Ministros.

La fórmula elegida no es menor. El Ejecutivo Sánchez recurrirá a un real decreto, lo que permite sortear el atasco parlamentario que desde hace más de un año mantenía bloqueada en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por colectivos sociales bajo el lema Regularización Ya. De este modo, la regularización no necesitará convalidación parlamentaria, una ventaja decisiva en un escenario de mayorías frágiles y desgaste político.

Según las fuentes gubernamentales y del partido morado, podrán acogerse a la medida aquellas personas que acrediten estar residiendo en el Estado antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y demuestren una permanencia mínima de cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud. El plazo para regularizarse se abrirá hasta el próximo 30 de junio. Para probar esa estancia bastará con documentos cotidianos: empadronamientos, citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte. Papeles que, por primera vez para muchos, pueden convertirse en la llave de acceso a derechos básicos.

La regularización tendrá efectos inmediatos. Desde el momento en que se presente la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por infracciones administrativas o por trabajar sin permiso. Cuando el expediente sea admitido a trámite, la persona solicitante recibirá una autorización provisional que le permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá un permiso de residencia de un año, tras el cual se podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Montero enmarcó el anuncio en un discurso explícitamente político y emocional. Recordó que “hay personas que en España viven con miedo a que la policía las pare” y vinculó el acuerdo al reciente asesinato de un migrante en Estados Unidos a manos de agentes de inmigración. “No podemos aceptar que haya gente viviendo sin derechos”, insistió, denunciando lo que calificó como “violencia racista” y defendiendo la regularización como una respuesta basada en derechos frente al miedo y la exclusión. El auditorio, compuesto en gran parte por activistas y representantes de colectivos migrantes, respondió con aplausos prolongados.

Desde Podemos subrayan que el acuerdo es fruto de una negociación larga y compleja, liderada por su secretaria general, Ione Belarra, y sostenida por la presión constante de los movimientos sociales. La eurodiputada agradeció de forma expresa el trabajo de la Plataforma Regularización Ya, que había logrado reunir cientos de miles de firmas para la ILP que terminó encallada. “Sin esa movilización no estaríamos aquí”, admiten fuentes del partido.

El precedente de 2005

El anuncio no llega en un momento cualquiera. El Congreso vota hoy el decreto ómnibus del denominado “escudo social”, que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios para personas vulnerables, así como la extensión de las ayudas al transporte público. En ambas votaciones, el apoyo de Podemos resulta imprescindible para el Gobierno español. La regularización se inserta así en un delicado equilibrio parlamentario y en una pugna constante dentro del espacio de la izquierda, marcada por la competencia electoral entre Podemos y Sumar.

No es la primera vez que España afronta una regularización masiva. El precedente más citado es el proceso impulsado en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió regularizar a más de 500.000 personas tras una reforma de la ley de extranjería y con el respaldo de agentes sociales y organizaciones no gubernamentales. Aquella medida, aunque polémica, terminó consolidándose como una de las decisiones más relevantes de la política migratoria reciente.