El Gobierno vasco gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año y el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, incluido en este paquete de traspasos, será efectivo una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los acuerdos ratificados hoy en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y Euskadi.
De las transferencias acordadas la más importante es la gestión de las prestaciones de desempleo, por la que la administración vasca pasará a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. Incluye el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 468 trabajadores, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa.
Celebrada en Madrid en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y presidida por el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, también han participado el consejero de Economía, Mikel Torres, el de Hacienda, Noel d’Anjou, y el de Seguridad, Bingen Zupiria, que se repartirán la gestión de las cinco nuevas competencias acordadas.
Ubarretxena ha celebrado lo que ha considerado como “un día importante para Euskadi”, que “gana autogobierno” con la asunción de estas nuevas competencias, y ha agradecido la tarea “titánica” realizada por el equipo negociador en los últimos meses, a pesar de las “dificultades y los desencuentros” con el Gobierno español, reconociendo asimismo el trabajo del ministro Torres y el secretario de Estado, Arcadi España. Se cierra así un “proceso negociador extremadamente laborioso” para lograr el objetivo de ampliar “la casa vasca”, desde la filosofía de que “más autogobierno es más bienestar”.
Transferencias pendientes
La también portavoz del Gobierno Vasco, que asegura que el acuerdo no romperá la caja única, ha avisado que “el trabajo no termina aquí, aún debemos cerrar las competencias que nos quedan pendientes del Estatuto de Gernika y en esa labor vamos a continuar”, en referencia a las otras 16 transferencias que quedan por concretar, cuyo plazo fijado ya venció al término del año 2025.
Con la culminación de los traspasos en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y Seguro Escolar, Euskadi cierra el primer bloque de las transferencias vinculadas a la Seguridad Social, “avanzando de forma decisiva en el desarrollo íntegro de las competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika en materia de Seguridad Social”, ha aseverado.
Ha explicado que “tenemos nuestro sistema de políticas de empleo que comparte oficinas con el SEPE; en el mismo lugar una persona tiene que cambiar de ventanilla, ahora se le va a facilitar al ciudadano que todo lo relativo a su vida laboral tenga una ventanilla única”. Ubarretxena ha alabado además el modelo del Concierto Económico y el Cupo como la herramienta básica para poder gestionar el traspaso y utilizar mucho mejor los recursos. Es decir, no se trataría de una solución provisional para que el Estado le vaya pagando cada mes lo que invierta Euskadi en las prestaciones, sino de un descuento del Cupo como tal.
Ubarretxena ha lamentado, eso sí, que se deba llegar al limite para firmar pactos como este, ya que la reunión debía haberse celebrado el 29 de diciembre para ratificar los cinco traspasos que pactaron el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 15 de julio, pero se retrasó tras detectar Lakua que Moncloa trataba de sacar adelante un acuerdo rebajado después de las relecturas realizadas por algunos de sus técnicos, y de las que surgieron cabos sueltos en la financiación de las cinco materias.
El pasado miércoles, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, avisó de que si el Ejecutivo de Sánchez no cumplía con lo que “está firmado y acordado” en materia de transferencias “las relaciones” con su partido “van a cambiar”, al tiempo que la reunión de hoy de la Comisión Mixta quedaba en el aire.
Finalmente, ayer se alcanzó un acuerdo y para ello fueron clave los mensajes de teléfono que se cruzaron el martes Pradales y Sánchez por iniciativa de la parte vasca, lo que tuvo como resultado que se haya firmado el pacto formalmente. En un mensaje en redes sociales, Esteban lo ha calificado de "hito importante para el autogobierno vasco" y ha valorado que "frente al ruido, política útil al servicio del bienestar de la ciudadanía vasca". También ha lanzado "un recordatorio: los acuerdos están para cumplirse y el Estatuto de Gernika sigue sin completarse".
Prevención de riesgos
El ministro Ángel Víctor Torres ha explicado tras la rúbrica que en este proceso negociador “han intervenido varios ministerios en un trabajo que nunca es fácil” hasta llegar a un acuerdo que respeta el Estatuto y la Constitución. Tal y como ha hecho Ubarretxena, ha garantizado que el pacto no romperá el principio de solidaridad con las otras comunidades autónomas. “Lo más importante y lo difícil es terminar acordando. La discordia debe ser la excepción, la norma en la gestión pública debe ser la empatía, los acuerdos, la posición común y el interés compartido”, ha dicho.
Una parte muy importante de los traspasos, la referente a la Seguridad Social, recaerá en el departamento del vicelehendakari segundo por el PSE y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ha destacado que, con estas transferencias, Euskadi se convertirá en la primera comunidad autónoma en gestionar de forma integral tanto las prestaciones como los subsidios de desempleo. El papel de su área se “reforzará” además en ámbitos “clave” como la protección social y la prevención de riesgos laborales, y ha añadido que ahora se abre una nueva fase de trabajo técnico para adaptar la Administración vasca a las nuevas competencias.
Por el momento, con el acuerdo suscrito se ha dado un paso crucial hacia la gestión del régimen económico de la Seguridad Social con la vista puesta en el futuro pago de las pensiones, posibilidad que ha sido anatema durante décadas para el Estado español.
