El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión provisional por el caso Koldo, ya tiene nuevo abogado defensor. Se trata de Marino Turiel Gómez, que asume su representación tras la renuncia del letrado Carlos Bautista, producida hace unos días.
Ábalos se encuentra a la espera de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia.
Nuevo abogado para la causa principal
El propio Ábalos ha anunciado el cambio de defensa a través de su cuenta en la red social X, donde ha explicado que su representación pasa ahora a manos de Turiel, con quien, según ha destacado, trabaja desde hace varios años y que además “gestiona también asuntos que guardan relación” con la causa por la que permanece en prisión.
Entre ellos, ha citado “partes tan importantes como mi recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.
Agradecimiento a la defensa saliente
El exministro ha subrayado que un abogado “es el rostro más próximo y humano” en procesos judiciales como el suyo, aunque también “el más expuesto”, motivo por el que ha expresado su agradecimiento a Marino Turiel por asumir su defensa.
Asimismo, ha querido reconocer el trabajo del anterior letrado, Carlos Bautista, y del despacho Chabaneix Abogados Penalistas, destacando el “gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo”.
Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y experto en procedimientos de extradición, presentó formalmente su renuncia, que fue aceptada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Perfil profesional de Marino Turiel
Según figura en su página web, Marino Turiel Gómez está especializado en Derecho Penal Económico y en el ámbito contencioso-fiscal, y ha intervenido en algunos de “los más importantes procesos penales tramitados en el Estado desde 1992”.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional, durante los que ha ejercido la defensa de directivos de empresas, profesionales y cargos públicos, incluidos alcaldes y miembros de consejos de administración de sociedades participadas por administraciones locales, así como de perjudicados en causas por estafas múltiples. Su experiencia, concluye, le ha permitido “forjar una gran especialización en el asesoramiento a empresas en materia de cumplimiento normativo y derecho penal económico”.
