El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno de Pedro Sánchez. En una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pide ser cesado como un “acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”. En su escrito García Ortiz señala que tiene “el convencimiento” de “haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
La renuncia del fiscal general del Estado llega días después de ser condenado a dos años de inhabilitación para el cargo. El Tribunal Supremo le impuso dicha pena por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad"
"Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", sostiene García Ortiz en la falla. Entiende que "esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado inhabilitarle, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".
García Ortiz agradece al Gobierno español "la confianza depositada" que, señala, es la misma que ahora devuelve con su renuncia.
Tras su renuncia, y hasta que se designe un nuevo fiscal general del Estado, la institución queda en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, persona de máxima confianza de García Ortiz que fue, precisamente, quien ejerció de fiscal en el juicio, reivindicando su inocencia.
